Empresarios se “blindan” ante secuestradores

La incertidumbre pasa factura a los empresarios. Millones de lempiras destinan al año los hombres de negocios en la contratación de sistemas de seguridad, guardaespaldas y hasta en el pago de “chantajes” a extorsionadores anónimos.

La suma exacta no la maneja el sector privado, porque la privacidad y la secretividad de las medidas de seguridad utilizadas es un arma poderosa para blindarse en contra de las bandas de malvivientes dedicados a la industria del secuestro.

El director de Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Benjamín Bográn, indicó que tiene conocimiento de personas que fueron atormentadas de manera constante por chantajistas que les demandaban el pago de cantidades de dinero para que ellos o uno de sus familiares no fueran secuestrados.

“Tengo conocimiento que muchas personas han pasado por esa difícil situación y que en algunos casos pagaron las cantidades demandadas y en otras oportunidades tuvieron que cambiar todo su estilo de vida”, indicó el director de la cúpula empresarial del país.

Según Bográn, las llamadas se efectuaban desde números de teléfonos móviles situados en Guatemala, pero las personas que las realizaban disponían de la información puntual de sus potenciales víctimas.

Reconoció que los hombres de negocios citadinos, desde hace unos años efectuaron inversiones en cámaras de seguridad, vehículos blindados y en la contratación de personal de seguridad, entre otras medidas.

“Es difícil precisar los montos anuales que incurren las empresas para proteger a su recurso humano de estos delincuentes, pero este gasto hace menos eficiente a las empresas locales, porque es difícil que transfieran esos costos al consumidor final”, dijo.

Los empresarios consultados por EL HERALDO coinciden que la seguridad personal es un factor determinante al momento que un inversionista analiza el país donde montará una operación empresarial.

Sin embargo, los chantajistas telefónicos y las bandas comunes de secuestradores han “esquivado la bala” en la medida que personas de la clase alta del país “ endurecieron el blanco” con la aplicación de medidas de protección.

Bográn recalcó que conoce casos de personas residentes en ciudades intermedias y en la zona rural del país que fueron amenazados por los chantajistas telefónicos.

“En estas comunidades no se dispone de la tecnología o de los recursos de seguridad para enfrentar estas situaciones”, lamentó.

Se cree que en el país funcionan bandas delincuenciales que operan, también en El Salvador y Guatemala dado el modus operandi de los mal vivientes.

Otras medidas

EL HERALDO consultó a empresarios de San Pedro Sula, quienes accedieron a contar sus experiencias si se obviaba sus nombres, debido a las recomendaciones brindadas por asesores privados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

De manera reciente, Mario Perdomo, viceministro de Seguridad radicado en San Pedro Sula se reunió con los directores de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) para conversar respecto a este tema.

Uno de los consultados expresó que las acciones planteadas por el funcionario en contra de la delincuencia “trajeron calma a los empresarios de la zona norte del país”.

Analizaron que la topografía y las 42 salidas que posee San Pedro Sula y el capital económico existente, hacen de la ciudad industrial del país un centro de operaciones de las bandas de secuestradores.

En cambio, en Tegucigalpa prevalece el congestionamiento vial, calles estrechas y cinco salidas que dan acceso a otras ciudades del país.

¿Seguros?

En el marco del análisis de los empresarios del norte, se ha descartado la contratación de seguros antisecuestros, como existen en otros países, porque este instrumento financiero incentivaría aún más la comisión del delito.

Algunos han descartado por “caro” la incrustación en su piel de un microship o dispositivo de Posicionamiento Global (GPS) para ser localizado vía satélite en caso de ser plagiados por delincuentes.

Los consultados creen que la solución a este problema parte del fortalecimiento, la depuración y capacitación de los operadores de justicia, constituidos en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía.

Prefirieron no opinar respecto a la posibilidad de que estas instituciones estén infiltradas por el crimen organizado, porque no tienen argumentos a favor.

Existe conciencia en el sector empresarial que se debe elevar el presupuesto de los órganos de seguridad para dotar a las autoridades policiales de la logística necesaria para combatir el ilícito.

Recomiendan la aprobación de penas más severas para disuadir a los secuestradores.

Medidas particulares

De momento, a los hombres y mujeres de negocio de San Pedro Sula se les ha recomendado la discreción cuando aborden en los medios de comunicación estos temas porque los delincuentes hojean periódicos, revistas y revisan las páginas electrónicas de internet para ubicar patrones de conducta de sus potenciales objetivos.

Uno de los empresarios consultados recordó que en El Salvador casi desapareció de los medios escritos la página de sociales ante el referido riesgo.

“Y no es para menos. Conozco el caso de personas que al ser liberadas por sus captores, recibieron un impacto emocional del cual no se recuperan en el corto plazo.

La vida de estas personas no vuelve a ser la misma de antes, aunque pase el tiempo”, indicó.