Sustitutivas ya están reguladas

Por reformas al Código Procesal Penal los jueces a nivel nacional no aplican medidas cautelares sustitutivas a la cárcel a acusados por delitos vinculados al crimen organizado.

Así lo aseguró ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales.

El gobierno se reunió el lunes pasado con representantes de los operadores de justicia para analizar cómo frenar la ola de criminalidad y una de las opciones fue la de reformar el Código Procesal Penal para que los delincuentes peligrosos no gocen de medidas sustitutivas a la prisión.

Con esto se tratará de evitar que los traficantes de drogas, secuestradores o asesinos en serie aprovechen que la justicia les conceda defenderse el libertad y aprovechen fugarse.

Sin embargo, el artículo 184 del Código Procesal Penal en su último párrafo ya establece este tipo de regulaciones.

Con la reforma a este artículo se establece que en relación a la aplicación de medidas cautelares no se podrá aplicar medidas sustitutivas en casos de criminalidad organizada y de asociación ilícita, por lo que es una normativa vigente.

Las reformas fueron incluidas en un instructivos dirigido a los jueces a nivel nacional.

“Nuestras disposiciones en el Código Procesal Penal establecen claramente que aquella persona a la que se le imputan delitos graves, que hay obstrucción y peligro de fuga, no califica en ningún momento para gozar de esta medida sustitutiva”, afirmó Morales.

“Las medidas sustitutivas no han venido aplicándose a los delitos más fuertes, no han venido aplicándose a las personas que precisamente están vinculados al narcotráfico, que están vinculados con otras actividades ilícitas, que hagan un daño enorme a la sociedad”, añadió.

En tal sentido desmintió a quienes aseveran que en todos los casos se aplican las medidas sustitutivas. Asimismo dijo estar anuente a que se revisen aspectos enunciados en el Código Procesal Penal.

“Se podrán revisar, porque yo no puedo ser una persona con mentalidad corta de no ver hacia el futuro”, apuntó.

Una de ellas es unificar algunas audiencias judiciales. “Lo que tiene que ver con la audiencia preliminar, 60 días del proceso a la audiencia inicial, consolidar una sola audiencia y esos son temas que ya los hemos visto con la Sala Penal”, explicó.

De forma enfática la magistrada negó que el Código Procesal Penal protege a los de “cuello blanco”. Sobre este mismo tema, recomendó aprobar leyes conducentes a eficientar el sistema penitenciario.

Respeto a DDHH

Por su parte, el fiscal general, Leónidas Rosa Bautista, expuso que el Código Procesal Penal se destaca por garantista para dignificar a la persona.

“El que tenemos actualmente es un Código nacido a la luz del impulso que se ha dado a los derechos humanos”, expresó. “Lo que debemos buscar es soluciones.

Tenemos un modelo que garantiza la presunción de inocencia. Creo que como país y como pueblo tenemos que apreciar lo que ya tenemos, e ir mejorando”, puntualizó.

Sin embargo, Zelaya Rosales insistió en reformas sustanciales al Código Procesal.

“Nos deben pedir consejo a los gestores de justicia, a los jueces, magistrados y a los fiscales, con experiencia, antes de mandar a la población un concepto tan técnico y tan complejo.

Se habla de las medidas sustitutivas, hay 10,000 ciudadanos, en este momento, gozando de estas medidas, que están trabajando, asisten al Juzgado y están esperando una sentencia, están cumpliendo con la ley”, expresó.

“En dónde los tendría el Estado si no existiesen estas medidas sustitutivas, en una prisión, sin trabajar, sin atender a su familia, serían una responsabilidad para nosotros los hondureños.

Por lo tanto, creo que ‘al rábano no hay que tomarlo por las ramas, sino por las raíces’, hay formas de enmendar esto, pero no debemos sacralizar al sistema, hay que trabajar en prevención de la delincuencia”, enfatizó.

Garantía

La directora de Fiscalías, Danelia Ferrera, explico que la finalidad de las medidas cautelares no es condenar y que pague una pena, sino garantizar la presencia del imputado durante el proceso.

Si existe riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación se aplican medidas cautelares que competen, a pesar de ello se buscan eliminar las sustitutivas.

“Lo que tendríamos que analizar es saber si esto sería efectivo y si no estaría afectando los principios que rigen el sistema procesal penal, el sistema tiene como finalidad la efectividad de la persecución penal y el respeto de los derechos fundamentales, eso no lo perdamos de vista”, dijo.

La directora reiteró que es en la audiencia inicial cuando se analiza y determina cuál va hacer la condición del imputado durante el proceso. Finalmente, recomendó aplicar una verdadera política de prevención y combate a la criminalidad.