Hoy acusarán a coronel por tráfico de madera

La Fiscalía del Medio Ambiente acusará hoy al coronel José Santos Reyes Argueta por suponerlo responsable del tráfico de madera.

La información la confirmó la fiscal del Medio Ambiente, Karla Andino, quien se encuentra investigando el caso del decomiso de 2,486 pies tablares de madera en el sector de Telica, Olancho.

La fiscal anunció la interposición del requerimiento correspondiente en el desarrollo de la audiencia inicial efectuada ayer contra los dos soldados que transportaban la madera el pasado miércoles.

“En la audiencia se anunció la ampliación del requerimiento fiscal en contra del coronel José Santos Reyes Argueta, se va hacer mañana (hoy) la ampliación del requerimiento por escrito”, manifestó la fiscal Andino. “Es por el delito de transporte ilegal de producto forestal”, añadió.

El requerimiento no se amplió ayer porque en el desarrollo de la audiencia contra los dos soldados surgieron elementos que fueron necesarios valorar.

Según la denuncia, el coronel Reyes coordinó la acción operativa del traslado de la madera desde Catacamas a Tegucigalpa.

La madera se compró en plantaciones forestales El Campo, por un valor de 169,500 lempiras.

Según la investigación de la Fiscalía esta empresa no está legalmente inscrita en el Instituto de Ciencias Forestales.

Reyes asegura que la madera iba a ser utilizada para restaurar el Museo de Historia Militar, por lo que no cometió delito.

Lamentó que por este hecho las obras estén paralizadas.

Auto de prisión

El pasado jueves, un día después del decomiso, la Fiscalía del Medio Ambiente acusó al sargento José Antonio Pérez y el cabo de Infantería Dagoberto Osorio Hernández, quienes conducían el camión del Ejército con placa de registro RHSE 43010, según verificó la Fiscalía asignado al CALFFAA.

Ambos fueron acusados por suponer la Fiscalía que incurrieron en el delito de transporte ilegal de madera, sancionado de 4 a 7 años de reclusión.

En el Juzgado Seccional de Juticalpa se celebró ayer la audiencia inicial contra los dos sospechosos, en la cual la Fiscalía aportó las pruebas.

Por su parte, la defensa, representada por defensores públicos pues las Fuerzas Armadas no les proporcionó abogados, intentaron desvanecer las evidencias de la Fiscalía.

El Juzgado decretó auto de prisión contra los imputados, imponiéndoles medidas sustitutivas de no salir del país, presentarse periódicamente a los tribunales y no comunicarse con algunas personas.

La Fiscalía pidió una reposición de las medidas sustitutivas, porque se había pedido la prisión preventiva.

En caso que el Juzgado la declare sin lugar la Fiscalía presentará una apelación.