Honduras
El 2008 dejó saldos nada envidiables para el país en términos de aplicación de justicia.
Amnistía Internacional (AI) recoge en su informe anual los principales sucesos que quedaron en la impunidad durante ese año.
La lista la encabezan crímenes contra sindicalistas y ambientalistas, asesinatos en centros penitenciarios, violencia contra las mujeres e intimidación de los cuerpos de seguridad estatal.
Asesinatos impunes
El primer hecho destacado es el suscitado en abril, cuando mataron a tiros a Altagracia Fuentes, Virginia García de Sánchez y Juan Bautista, secretaria general, dirigente sindical y chófer, respectivamente, de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH).
Las autoridades dictaron órdenes de detención contra once personas, pero no se había detenido a nadie al finalizar el año.
En septiembre, en El Progreso, hirieron a Lorna Redell Jackson y Juana Maldonado Gutiérrez, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Alcoa Fujukura Limitada (Sitrafl). En octubre, Lorna Redell Jackson recibió amenazas de muerte por teléfono.
Asimismo, el informe cita algunos casos ocurridos en otros años que aún no habían sido esclarecidos por las autoridades, entre los más importantes 125 casos de desapariciones forzosas ocurridos entre 1980 y 1993.
A esos se suman los casos de dos ambientalistas, miembros del Movimiento Ambientalista Olanchano (MAO): Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, que fueron asesinados en 2006. Adicionalmente se menciona la impunidad de las muertes en los centros penales.
En abril de 2008 murieron nueve reclusos en la prisión de San Pedro Sula y en mayo murieron otros 18 en Támara.
Sin embargo se destaca la sentencia de junio del año anterior contra 21 funcionarios de prisiones, que fueron declarados culpables de causar la muerte de 68 reclusos en un incendio registrado en 2003 en la prisión El Porvenir.
Durante 2008 se registraron 312 mujeres muertas de forma violenta.
Defensores de DD HH
El informe anual de AI revela que al menos tres personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos murieron de forma violenta, y muchas otras fueron víctimas de agresiones y amenazas.
En septiembre del año pasado, cita el informe, empleados de una universidad (UNAH) retuvieron a dos agentes de policía vestidos de civil al percibir que estaban tomando fotografías.
Los agentes llevaban encima una lista en la que, bajo el epígrafe “grupos de presión”, figuraban los datos de unas 135 personas, entre ellas defensores de los derechos humanos, sindicalistas, dirigentes religiosos y algunos funcionarios públicos.
En octubre, los agentes quedaron en libertad y se retiraron los cargos presentados contra ellos.