Requerimientos contra ‘Mel’ y ex funcionarios

La fiscalía especial contra la corrupción presentó requerimientos en los tribunales, solicitando medidas cautelares para Manuel Zelaya y varios ex funcionarios allegados de su gabinete por delitos contra la administración pública.

La fiscalía pidió orden de captura nacional e internacional y alerta migratoria para el ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, Enrique Flores Lanza, ex ministro de la presidencia, Rebeca Santos, ex ministra de Finanzas, y Hernán Jacobo Lagos, Jefe del Staff Presidencial. Lagos también está implicado en el caso Latinode.

Los funcionarios son acusados como responsables directos de los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.

La resolución se tendrá en tres días, dijo el juez José Humberto Palacios, responsable de tomar una determinación.

“Analizaré el caso para tomar una determinación que va desde una detención judicial o en su defecto citar a las personas a los juzgados”, afirmó Palacios.

Más requerimientos

Otros ex funcionarios cercanos a Zelaya también serían requeridos por la justicia.

Interpol estaría librando una orden de captura internacional en el nivel máximo de "alerta roja" contra tres ex funcionarios del gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya.

La Policía Internacional (Interpol) solicitó copia del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, donde se acusa a Rixi Moncada, ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee); Rebeca Santos, ex ministra de Finanzas y miembro de la junta interventora de la Enee y Arístides Mejía, ex comisionado vicepresidente de la República y presidente de la misma junta.

Los tres ex funcionarios públicos son acusados por suponerlos responsables de cometer los delitos de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, al realizar un contrato de arrendamiento por 18 millones de lempiras sin ser ese el monto autorizado para el alquiler de inmuebles para oficinas de la estatal eléctrica.

Al decretarles "alerta roja", los tres prófugos de la justicia hondureña podrán ser capturados en cualquier país en que se encuentren y así evitar que evadan la justicia.