A la PN mandan a zelayistas que destruyeron patrulla

Auto de prisión y prisión preventiva se les dictó en los Juzgados de lo Penal al ciudadano de origen español, Antonio Porta Álvarez, y al hondureño Santos Reinaldo García Moncada.

Los imputados fueron acusados de cometer el delito de sedición en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras, por lo que fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara.

Mientras que Óscar Joaquín García Moncada, María Antolina García Hernández, Gladis Azucena Domínguez, Joel Orlando García Moncada, Milton Mateo Centeno Martínez y Víctor Adolfo Izaguirre Ramos quedaron con un sobreseimiento provisional en vista de que el Ministerio Público no pudo aportar pruebas en su contra.

Según el requerimiento fiscal, el pasado 22 de septiembre los sospechosos atacaron dos patrullas policiales que transitaban a inmediaciones del Estadio Nacional.

Los policías relataron que de manera sorpresiva fueron acorralados por al menos diez integrantes de la denominada resistencia, quienes armados de piedras y palos atacaron al unidad policial quebrándole los vidrios. Los agentes del orden relataron que dos de los agresores huyeron en el momento y que los demás no pudieron escapar porque llegaron refuerzos policiales al lugar dándoles captura y poniéndolos a la orden de la Fiscalía de turno.

Maestra al PNFAS

En otra audiencia inicial, fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) la profesora Agustina Flores López, mientras que a Mario Enrique Molina Izaguirre se le otorgó un sobreseimiento provisional.

Los sospechosos fueron acusados por los delitos de daños agravados y sedición al haber causado daños en el interior de la posta policial del barrio La Guadalupe. Según el requerimiento, manifestantes de una turba zelayista se apostaron en las afueras de la jefatura y quebraron las puertas de vidrio, luego ingresaron y quemaron los muebles, escritorios y otro enseres que se encontraban en las instalaciones.

* Sospechosos: Desde el comienzo de la crisis se ha procesado judicialmente a más de cuarenta personas acusadas de cometer actos vandálicos en contra de la propiedad privada y pública.