Pena máxima para Marcelo Chimirri

A los que cometen actos de corrupción en Honduras no se les deben tener contemplaciones.

Ese parece ser la política del Ministerio Público (MP), que la próxima semana encaminaría acciones referidas a que le caiga todo el peso de la ley al ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri.

En su primer juicio oral y público se dictó al ex funcionario, el pasado 6 de enero, una sentencia condenatoria por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.

Asimismo, la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia determinó absolverlo por el delito de fraude. Chimirri se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara.

Los jueces de sentencia citaron a las partes para celebrar, el próximo jueves, la audiencia de individualización de la pena.

En dicha audiencia la Fiscalía contra la Corrupción, en representación del MP, pedirá a los jueces la pena que consideran se debe imponer en contra de Chimirri.

Según el Código Penal, el delito de abuso de autoridad es sancionado de 3 a 6 años de reclusión. Fuentes del MP confiaron a EL HERALDO que se analiza la posibilidad de solicitar la pena máxima contra Chimirri.

Serán las autoridades del ente acusador del Estado quienes definirán la pena a solicitar.

En lo que respecta a la sentencia absolutoria dictada a favor de Chimirri, por el delito de fraude, el MP interpondrá, ante la Sala Penal de la Corte Suprema, un recurso de casación para revertir el fallo. El ilícito es penado de 6 a 9 años de reclusión.

Hechos

La Fiscalía contra la Corrupción acusó a Chimirri por los delitos de abuso de autoridad y fraude.

Argumenta que mientras fungió como gerente de Hondutel autorizó sacar de las arcas de esa entidad cerca de 4 millones de lempiras para pagar la defensa de dos funcionarios de la estatal acusados por espionaje telefónico.

A una de las firmas de abogados se le cancelaría la cantidad de dos millones 250 mil lempiras por representar ante los juzgados competentes a Óscar Danilo Santos, mientras que el otro bufete recibiría un millón 125 mil lempiras por la defensa de Luis Arriaga.

En ambos contratos solo se canceló la mitad de lo acordado.