Someten al Congreso nueva Ley Penitenciaria

La creación del Instituto Nacional Penitenciario (INP) es una de las novedades de la nueva Ley del Sistema Penitenciario, que fue introducida nuevamente al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.

El INP será un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación y Justicia, con jurisdicción nacional al cual corresponderá la organización, administración y funcionamiento del sistema penitenciario. Una de sus atribuciones será proponer y ejecutar la política penitenciaria del país.

El proyecto de ley fue sometido de nuevo a la consideración del CN por la diputada Lorena Herrera. La nueva Ley Penitenciaria es el producto de un trabajo realizado desde 2004 por una Comisión Técnica Interinstitucional de Justicia Penal que hizo acopio de los siguientes documentos:

Instrucciones internacionales sobre derechos humanos; la Ley de Rehabilitación del Delincuente de 1985; la propuesta de Ley Penitenciaria de los alumnos del postgrado de Derecho Penal y Procesal Penal / Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Cirpodeh).

Además, de la propuesta de Ley Penitenciaria elaborada por el Centro para la Prevención y Tratamiento de las Víctimas de la Tortura (CPRT); el informe sobre la Situación del Sistema Penitenciario de Honduras, de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de mayo de 2003; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955; las Leyes Penitenciarias de Venezuela, España, Chile, El Salvador y Costa Rica y los reglamentos de los establecimientos penitenciarios de Honduras.

Los fines primordiales de la ley son la reeducación y la reinserción social de las personas privadas de libertad, así como la retención y custodia de toda persona retenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.

Tal y como establece el proyecto de ley, la actividad penitenciaria se desarrollará con estricto apego al principio de legalidad y al respeto de los derechos humanos, bajo el permanente control y vigilancia jurisdiccional del juez de ejecución.El proyecto fue turnado a una comisión compuesta por los diputados Ricardo Díaz, Javiel Menocal, Júnior Bárbara, Román Villeda, Edwin Pavón, Selvin Laínez y Augusto Cruz Ascencio.