Honduras: Ley agilizará venta de “narcobienes”

Los bienes incautados, producto de las acciones en contra del crimen organizado al ser subastados o liquidados, deberán pasar a un fondo especial para la prevención y represión del delito y lucha contra ese flagelo.

Así está propuesto en la iniciativa de Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes que esta semana fue introducida al Congreso Nacional, con el objetivo de dinamizar el proceso de subasta y/o asignación de bienes o dinero confiscados al narcotráfico.

El proyecto cuenta con la venia de los presidentes de los tres poderes del Estado en respuesta a las denuncias de EL HERALDO, único medio de comunicación en Honduras que investigó el deterioro de los bienes incautados y demandó que se definiera su futuro.

La investigación se publicó el 16 de noviembre y tres meses después, el 12 de febrero, EL HERALDO regresó a la Fuerza Aérea para verificar los avances.

Debido a que las aeronaves seguían en abandono, se denunció la sospechosa negligencia en subasta o asignación de los mismos.

EL HERALDO también denunció la existencia de avionetas, barcos, vehículos, dinero, propiedades y otros bienes decomisados al narcotráfico.

La Ley actual habla de que estos decomisos pasarán a ser administrados y custodiados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), los que podrán ser asignados a las instituciones que se encargan de prevenir y combatir el crimen organizado, o en su defecto, subastados.

Sin embargo, para que estos bienes pasen al dominio del Estado, sus dueños deberán ser sometidos a la justicia y los jueces dictarán sentencia de confiscación o decomiso, pero ocurre que la mayoría de estos han sido rescatados por los organismos de investigación y sus supuestos propietarios no son capturados, casos de avionetas, barcos, vehículos, dineros, fincas y otros obtenidos ilícitamente por la actividad delincuencial.

La ley que ha sido introducida al Congreso Nacional y que no se elaboró en días o semanas, porque contiene 60 artículos y 14 capítulos, busca instituir la figura de la privación definitiva de bienes, conocida como extinción del dominio.

Este tipo de institución permitirá al Estado tener acceso a bienes con origen ilícito, sin que sea requisito una sentencia penal, o sea que se estaría ante la tendencia aceptada por la OEA y la ONU de tener un decomiso de bienes sin condena.

Ámbito de aplicación

La Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes es aplicable a las personas, grupos y organizaciones de carácter delincuencial que se dedican a la "narcoactividad", al secuestro, hurto de vehículos, el robo, el lavado de activos y el sicariato (asesinato mediante pago).

También a las que se dedican al contrabando, defraudación fiscal, tráfico de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, proxenetismo, explotación sexual, tráfico de armas y otras actividades que generan enormes ganancias económicas.

La propuesta de ley, en su capítulo 13 que habla de la administración de los bienes y distribución de los mismos, dice que el dinero en efectivo que sea adjudicado al Estado, producto de la aplicación de la figura de la privación definitiva de bienes, será consignado a favor del Fondo Especial para la Prevención del Delito y Lucha contra la Criminalidad Organizada.