Amenazas a muerte contra 22 jueces de Honduras

Los jueces y magistrados se unieron en una sola voz al clamar por mayor seguridad para quienes imparten justicia.

La exigencia emana luego de que desconocidos acribillaran a la jueza Olga Laguna, quien laboraba en el Juzgado de la Niñez de la capital.

El asesinato se perpetró la tarde del miércoles en la colonia Prados Universitarios, donde la funcionaria judicial residía.

22 amenazados

Y la preocupación es mayúscula porque el crimen organizado tiene en la mira a 22 jueces que laboran en distintas sedes judiciales en Honduras.

"Lamentablemente hay consternación y luto en todo el país; los jueces están de luto, el Poder Judicial ha sido golpeado enormemente", manifestó Teodoro Bonilla, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah).

Para Bonilla, asesinar a un funcionario judicial es golpear la democracia de un país.

"Son los jueces que sustentan la democracia en una sociedad que fortalece el estado de derecho", expresó.

Laguna es el segundo funcionario judicial asesinado en los últimos meses por desempeñar labores jurisdiccionales.

"Tengo reportes de que alrededor de 22 jueces, a nivel nacional, están viviendo las mismas amenazas a muerte solo por conocer casos delicados, de crimen organizado, de grupos juveniles o pandillas", denunció.

Bonilla hizo un enérgico llamado al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a Seguridad y al Ministerio Público (MP) a que el asesinato de la jueza no quede impune.

Igualmente, pidió a la CSJ escuchar las demandas de protección a los jueces amenazados, los que desempeñan labores en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tocoa, La Ceiba y Tela, entre otras ciudades. A pesar de sus denuncias, lamenta que los llamados de protección no son atendidos por la CSJ.

En consecuencia, la Asojmah demanda al ministro de Seguridad no dejar solos a los jueces porque bajo estas amenazas no van a poder administrar justicia.

"Si se empeña en capturar y llevar a la cárcel, pero no le da seguridad a los jueces no vamos a tener pronta y efectiva justicia, va a tener jueces timoratos bajo amenazas y no van a dar una justicia como corresponde", puntualizó.

Lamentable

La CSJ suspendió ayer la agenda prevista para asistir al velatorio de la jueza.

"Patentizamos a sus familiares, compañeros de labores y demás amigos nuestras muestras de solidaridad y les ofrecemos todo el apoyo que la Corte pueda dar", manifestó el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilez, quien junto a los demás magistrados asistió al velatorio de Laguna en la sede del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Además, Rivera prometió impulsar en todo lo posible las investigaciones, a través de los demás operadores de justicia, para que este crimen no quede impune.

El titular de la CSJ dijo no conocer de casos del crimen organizado que habría llevado Laguna.

Asimismo, aseguró que el pleno de magistrados no ha quitado la seguridad a ningún juez, la que se fortalecerá para buscar la protección de toda la familia judicial. "En ningún momento se ha restringido la seguridad de ningún juez, de manera absoluta".

A su juicio el asesinato de jueces se derivaría de resoluciones adoptadas en juicios.

"Mientras los hondureños no cambiemos nuestra cultura en el sentido de saber aceptar cuando tenemos la razón y cuando no, esto va a poder continuar", expresó.

Para Rivera no es suficiente la medida del chaleco que deben llevar los conductores de motos.

"Está en investigación y análisis la posibilidad de que solo se conduzca una persona en una motocicleta o una persona y un menor, lo que habrá de determinarlo Seguridad y el Congreso Nacional", dijo.

La Secretaría de Seguridad es la única institución que piensa que el crimen se va a frenar con un chaleco, lo que para muchos solo constituye la oportunidad de hacer un negocio más y afectar así los bolsillos de los hondureños honrados.

Analistas policiales afirman que la medida más efectiva es prohibir dos hombres en moto, porque así no se afecta a la familia que usa este medio de transporte.

Solidaridad y denuncia

Los jueces y magistrados recibieron la solidaridad y respaldo de distintas organizaciones internacionales. La Asojmah recibió llamadas de organismos de derechos humanos y de abogados de Argentina, Panamá, Perú y España, informó el juez penalista Mario Ríos, directivo de la Asojmah.

"Nos han solicitado, en primer lugar, que informemos y que hagamos una formal denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el problema de inseguridad que se está viviendo en el país", manifestó.

La petición la enmarca la Federación Latinoamericana de Jueces y Magistrados, a la cual está integrada la Asojmah.

La decisión de presentar la denuncia se definía ayer en una reunión sostenida entre jueces penalistas.

La situación de inseguridad en que viven los jueces se expondrá en una asamblea que celebrará dicha federación en abril en Mar de Plata, Argentina. Ríos responsabilizó al Estado por la actual situación.

"Porque no brinda la protección tal como lo establece la Constitución de la República. El crimen avanza y no se están tomando las medidas necesarias", lamentó.

En nombre de sus colegas, Ríos exigió a las autoridades de la CSJ y de Seguridad que de inmediato se proceda proteger al menos 22 funcionarios judiciales amenazados.

El juez lamentó que por decisión del pleno de magistrados se despojó de vehículos a policías que brindaban protección a dos juezas penalistas amenazadas.

"Sin ninguna explicación, por decisión del pleno, se les quitado los vehículos; nos preocupa porque no puede andar un juez en taxi o en bus con la seguridad, porque pueden ser blanco de los delincuentes", manifestó Ríos.

La iniciativa de despojar de vehículos a dos juezas emanó de la coordinadora del Juzgado Penal de Francisco Morazán, Emily Page. Este caso ya fue denunciado ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Reunidos de emergencia

Los jueces penalistas se reunieron de emergencia para exigir medidas de seguridad.

Las autoridades de la CSJ tienen concertada una reunión con la Asojmah.

Igualmente, las autoridades del Ministerio Público, de la CSJ y de Seguridad se reunieron ayer en Casamata para definir acciones conjuntas contra este tipo de criminalidad que azota a los jueces.

Mientras en el país se debatía cómo garantizar la seguridad de los impartidores de justicia, en el cementerio Jardines de Paz San Miguel Arcángel había lágrimas y dolor.

El cuerpo de la juez Laguna era sepultado, sin que hasta el momento haya capturas o pistas de quiénes estarían detrás de este crimen y el móvil.

Con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas, su única hija, Marina, no podía creer que ante ella estaba su madre, a quien no volverá a ver.

En peligro seguridad jurídica: Fiscales

La Asociación de Fiscales (AFH) emitió ayer un pronunciamiento en el cual condena el crimen contra la jueza Olga Laguna.

Con este hecho se demuestra "el grado de inseguridad a que están expuestos los operadores de la Justicia", cita el escrito. Los fiscales recuerdan lo estipulado en la Carta Magna, como "que el derecho a la vida es inviolable".

"Con estos hechos se pone en peligro la seguridad jurídica del Estado, así como el principio de la democracia y a la sociedad hondureña en general, al influir en el ánimo y en la toma de decisiones de los operadores de justicia respecto a los casos que están bajo su conocimiento, extendiéndose sus consecuencias a las demás instituciones participantes en la administración de una pronta y expedita aplicación de la justicia", cita el pronunciamiento al que dio lectura el fiscal Leonardo Orellana, presidente de la AFH.

La junta directiva de la AFH se solidariza con los familiares de Laguna y con la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial. "Condenamos los actos ejecutados, solicitando a las autoridades competentes instruyan a quien corresponda ejercer las acciones pertinentes y necesarias a fin de que los responsables se les deduzca la responsabilidad".