Proponen reducir edad punible de 18 a 16 años

Una nueva propuesta ha surgido en las reuniones que sostienen jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial para enfrentar la ola de violencia que afecta el país.

Además de proponer que se regulen las motos y que se proceda al desarme, se debe reducir la edad punible de 18 a 16 años.

La propuesta surgió anoche, al término de la reunión que sostuvieron los miembros de la Asociación de Jueces y Magistrados, Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y la Asociación de Jueces por la Democracia.

El juez Danery Medal, de lo contencioso administrativo, dijo que la propuesta se planteó y será uno de los puntos de solución que se enviará como propuesta al pleno de magistrados.

Será el pleno el que decidirá si esta propuesta, que en el pasado ha generado controversia, se envía al Congreso Nacional.

La comisión encargada de reunir todas las propuestas la dirige el diputado Orle Solís.

Respecto a la necesidad de proteger la integridad de los jueces, que son víctimas de la violencia por los fallos que dictan, sobre todo contra el crimen organizado, EL HERALDO conoció de fuentes que pidieron el anonimato que el Ministerio Público (MP) tiene concluido el borrador de un acuerdo denominado "Tribunal Penal de Jurisdicción Nacional".

Este también sería remitido en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su valoración. Dicha ley fue estructurada por la Dirección de Fiscalías y la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Existe seguridad que la ley será aprobada, ya que hace una semana fue asesinada en la capital la jueza de la Niñez, Olga Marina Laguna.

Por este tipo de amenazas y crímenes se pone en riesgo la garantía de resoluciones correctas en las causas incoadas en los tribunales.

Jueces nacionales

En aras de ser eficaz en la administración de justicia, los titulares de los tres poderes del Estado informaron el pasado lunes la instauración de la figura del juez con jurisdicción nacional.

Se ubica a la capital como la sede de este Tribunal Penal con Jurisdicción Nacional, donde deberán llevarse a cabo los juicios.

La ley propone que de inicio dicho juzgado nacional esté conformado por dos jueces de letras y un Tribunal de Sentencia con dos salas, integradas cada una con tres jueces y un suplente.

Conocerá específicamente causas incoadas contra personas vinculadas a la criminalidad organizada.

La fuente informó a EL HERALDO que la ley define que en los casos que se estimen conveniente, los jueces de letras y de sentencia podrán desplazarse a cualquier punto del territorio nacional para practicar diligencias judiciales.

Por ejemplo, se puede nombrar como juez ejecutor a un policía de Choluteca para la práctica de un allanamiento en Roatán.

Como base, la ley establece que las audiencias de declaración de imputado, inicial, preliminar y juicio oral, deberán efectuarse en la capital, además contempla también que el sospechoso sea trasladado a Tegucigalpa, donde estará recluido.

Lo que se busca es que los vinculados al crimen organizado no puedan amenazar o ejercer influencia ante un juez, fiscal o testigos.

Con ello se garantizarán resoluciones judiciales conforme a derecho, habría transparencia, destacó la fuente.

Entre los delitos que conocerán los jueces nacionales está el narcotráfico, secuestro, lavado de activos, tráfico de personas, extorsión y tráfico ilegal de armas.

Asimismo, conocerán juicios por terrorismo, tráfico de órganos humanos, explotación sexual comercial, hurto y robo de vehículos, bancos y residencias, entre otros que estén ligados al crimen organizado.