Juez abandona el país por amenazas en su contra

El juez penalista Isaías Romero abandonó el país tras ser amenazado a muerte por miembros del crimen organizado.

Romero ha venido desempeñando su labor en el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán.

Según se informó, el juez abandonó Honduras a tempranas horas del pasado domingo, con rumbo a un país centroamericano, cuyo nombre no se reveló por medidas de seguridad.

Trascendió que el funcionario judicial partió por el aeropuerto Toncontín, abordo de un vuelo comercial. Entre los expedientes que le ha tocado resolver están algunos ligados al crimen organizado, como narcotráfico y secuestros.

En dichos casos ha enviado a prisión a los imputados, lo que habría ocasionado malestar a miembros del crimen organizado que decidieron amenazarlo.

Entre las causas conocidas está la de los procesados por el tráfico ilegal de pseudoefedrina, materia prima necesaria para la elaboración de drogas sintéticas.

Romero demostró ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que su vida corría peligro por amenazas recibidas vía mensajitos en su teléfono celular y manuscritos enviados a su despacho.

Asimismo, meses atrás el funcionario judicial ya había sufrido un atentado cuando desconocidos se apostaron frente a su residencia y dispararon contra el muro de la vivienda.

El hecho aconteció un día antes de que Romero enviara a prisión a varios individuos acusados por el Ministerio Público por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Igualmente conoció otras causas por asesinatos y robos, enviando a prisión a la mayoría de los sospechosos.

Por tal razón, las autoridades de la CSJ adoptaron la decisión de enviarlo al exterior para su protección y la de su familia.

En su sustitución fue nombrada la jueza Amparo Arriaga.

El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), Teodoro Bonilla, lamentó la situación que enfrentan Romero y demás operadores de justicia.

"El juez Romero salió porque se siente amenazado, este caso lo vemos como de alerta para que las máximas autoridades del Poder Judicial brinden la debida atención", dijo.

"Cómo es posible que un juez vaya a salir huyendo de su país para salvar su vida por el terror de que no se pueda administrar justicia", expresó el presidente de la Asojmah.

Desprotegidos

Los funcionarios judiciales han denunciado en los últimos días estar desprotegidos ante las constantes amenazas de que son objeto.

Solo en el Juzgado Penal cuatro jueces han recibido amenazas a muerte, a algunos de ellos se les despojó del vehículo en que se movilizaba su seguridad.

A nivel nacional la cifra se eleva a más de 20 funcionarios judiciales que denuncian ser amenazados.

Sobre el particular, los operadores de justicia coordinan acciones para recomendar la adopción de medidas urgentes. Bonilla lamenta que el Estado carezca de una verdadera política de prevención y combate a la criminalidad en el país, como la de brindar seguridad a operadores de justicia.

En un dato relacionado con el caso, algunos funcionarios judiciales interpusieron una denuncia ante la CSJ en contra de la coordinadora del Juzgado de Letras Penal de la capital, Emily Page.

La petición se formuló ante la Inspectoría de Tribunales, por parte de tres inspectores asignados en dicho juzgado. Se argumenta un hostigamiento a funcionarios judiciales y gestionar el retiro de vehículos de la seguridad.