Extremas medidas de seguridad en cárceles

El bloqueo de llamadas a través de teléfonos celulares y la habilitación de la cárceles de máxima seguridad son, entre otras, las medidas que anunció ayer el ministro Óscar Álvarez para controlar las bandas del crimen organizado que operan desde los centros penales.

Las autoridades aseguran que el objetivo principal de las acciones es lograr la rehabilitación de los privados de libertad y volver más eficiente el otorgamiento de beneficios de preliberación que la ley les permite.

Álvarez se presentó ayer a la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP) en Támara acompañado por sus dos viceministros y los altos mandos de la Policía Nacional para conocer un informe sobre las condiciones de las 24 cárceles del país, así como anunciar las cinco medidas más importantes que se pondrán en marcha en los próximos días.

Las medidas

Las medidas más fuertes que se implementarán en las cárceles están orientadas a evitar las comunicaciones de voz, video y datos desde y hacia los establecimientos penitenciarios en aplicación a una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta el 26 de octubre del 2006.

Álvarez reveló que se reunirá con ejecutivos de las empresas de telefonía móvil para pedirles que en un término de 30 días se proceda al bloqueo de la señal de teléfonos celulares en las cárceles de Támara y San Pedro Sula.

Además, se darán 50 días para que las medidas se extiendan a nivel nacional.

El fin es prevenir el delito y que los reclusos no dirijan secuestros, asaltos y otras actividades delincuenciales utilizando este medio.

Anunció que para julio se tiene prevista la inauguración de la cárcel de máxima seguridad en la Penitenciaría Nacional. Los presos de extrema peligrosidad y de inadaptación social manifiesta que son responsables de actos violentos y por ello permanecerán en celdas individuales limitados de libertad ambulatoria.

Lo mismo se hará en los otros reclusorios del territorio nacional. Álvarez anunció la conformación de cinco equipos técnicos móviles para elaborar un diagnóstico, tratamiento, clasificación y rehabilitación de la población penal.

Los grupos estarán integrados por un profesional del derecho, psicólogos, trabajadores sociales y médicos para darle estricto cumplimiento a la ley.

Álvarez confirmó que ya iniciaron alianzas entre la DNSEP y programas de educación formal, básica y superior para reinsertar a la sociedad a hombres y mujeres con un alto grado de responsabilidad.