Honduras
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, reaccionó indignado por la decisión de un juez de La Ceiba, Atlántida, de dictarle sobreseimiento provisional a un empresario acusado de participar en la muerte del periodista David Meza, el mismo tiempo lamentó que la labor de los policías y los fiscales "fue botada a la basura".
El funcionario expresó su malestar en el marco de la clausura de un curso de protección de dignatarios dirigido a unos 60 agentes del Comando de Operaciones Especiales (Cobra) y otros cuerpos policiales, donde fue consultado sobre el crimen del periodista Israel Zelaya Díaz, ocurrido en Villanueva, Cortés.
En torno a la liberación del empresario Mario Roberto Guevara Caballero, quien había sido acusado de participar en la muerte de Meza, Álvarez expuso que gracias al trabajo investigativo de varios meses, entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, se logró identificar a los responsables y acusarlos ante los tribunales de justicia.
Sin embargo, lamentó que la labor que realizaron los policías y los fiscales "fue botada a la basura". Recalcó que los cuerpos de investigación asumieron un compromiso ante la comunidad nacional e internacional de dar una respuesta ante la ola de criminalidad contra los periodistas, pero que la lucha contra la impunidad no es reflejada por algunos jueces, especialmente en el litoral atlántico.
Sí destacó el papel que desempeñan los jueces que laboran en el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán en la deducción de responsabilidades contra la delincuencia común y organizada.
Hacerse un nudo
El funcionario pidió al sistema de justicia hacerse un nudo en la lucha contra la impunidad y que "si hay jueces a quienes les tiembla la mano para juzgar, que sean sinceros y digan que no pueden ver los casos".
Si nosotros, criticó, tenemos un caso de narcotráfico o de sicarios que han actuado a nombre de un capo en contra de un periodista como David Meza y de otras situaciones, al juez no le debe temblar la mano para dictarle sentencia condenatoria firme.
Agregó que, cuando un funcionario judicial da una sentencia absolutoria a un delincuente, se está mandando un mensaje de impunidad, de que en Honduras pueden hacer lo que quieran y jugar con el sistema judicial.