Honduras
Juzgados capitalinos dictaron auto de prisión con suspensión del cargo contra la coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), por la autorización de nombramientos al margen de la ley.
De acuerdo al Ministerio Público, la asignación de maestros de pueblos indÃgenas realizada por la entonces coordinadora de Proheco, Yuny Patricia Goldberg Cálix, era ilegal, pues a las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) se les aplica el decreto legislativo 04-2010 que establece la asignación presupuestaria para efectuar nombramientos.
El abogado de Cálix, Humberto Palacios Moya, aseguró que apelará la sentencia, y solicitará que deje sin efecto y valor la suspensión del cargo.
"Ella no ha tenido participación más que acatar u obedecer una disposición del Congreso Nacional en su decerto 4-2010", señaló el defensor.
De acuerdo a profesionales del derecho administrativo, el memorando tenÃa como fundamento la aplicación del decreto que no es aplicable a las escuelas Proheco.
La politización abierta del programa surge a partir de 2010, luego de que la coordinadora general, emitiera el 16 de abril un memorando ordenando a los coordinadores departamentales cancelar los contratos privados que las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) habÃan suscrito con los maestros Proheco, pese a que éstas tienen personerÃa jurÃdica y actúan con independencia, generando una serie de demandas contra las mismas.
Proheco comenzó a funcionar en Honduras en 1999, financiado con un préstamo del Banco Mundial (AIF 2694-HO) y posteriormente con fondos estatales.
En 2010, el presupuesto asignado a Proheco asciende a 602,992,539 lempiras, de los cuales 390 millones son fondos nacionales y el resto, provienen de la cooperación internacional.
Las escuelas Proheco, ubicadas en la zona rural de Honduras, atienden a casi 175,000 niños excluidos del sistema educativo en regiones de extrema pobreza.
EL HERALDO denunció en junio la manipulación en los nombramientos y destitución de docentes efectuada por diputados y otras autoridades, como pago a sus activistas polÃticos.
La problemática generó controversia al interior del Congreso Nacional, luego de que una moción encaminada a parar la contratación de maestros Proheco de forma temporal, fuera apoyada y posteriormente rechazada, a consecuencia de la manipulación del voto electrónico.