Otro recurso a favor de maestros hondureños

Un nuevo recurso de amparo en contra de la suspensión de 305 maestros fue interpuesto este martes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

La acción fue incoada en representación de la dirigencia magisterial y de los docentes que fueron suspendidos de sus labores por ausentarse de las aulas para participar en las protestas de marzo pasado.

La abogada defensora Lesly Dolores Arita Torres solicitó ante la Sala de lo Constitucional la suspensión de lo actuado por la Secretaría de Educación.

En su alegato, la abogada sostiene que los docentes no están regidos por el Código del Trabajo, que sirvió de base para la acción contra los 305 docentes que fueron sancionados con entre 2 y 6 meses de suspensión de labores sin goce de sueldo.

Por el contrario, sostiene, a los maestros "se les ha violentado el debido proceso porque ellos tienen un Estatuto del Docente por el cual están regidos".

"Resulta evidente la violacion de los derechos y garantías constitucionales contenidas en el principio de legalidad, el derecho a la defensa y al debido proceso", añadió Arita Torres.

La abogada pide a la Corte hondureña que "resuelva a favor de los maestros y que se haga justicia".

En un decreto ejecutivo publicado el pasado 7 de abril, el gobierno de Honduras oficializó la suspensión de 305 docentes que no se incorporaron en el tiempo establecido a sus labores. + Listado de maestros suspendidos

El anuncio de las sanciones fue hecho por el gobierno hondureño días atrás en cadena nacional de radio y televisión, cuando declaró ilegal el paro del magisterio.

El gobierno determinó que los maestros faltistas sean sustituidos por docentes que realizan labores administrativas, de consejería y bibliotecarios.

No obstante, los maestros que antes no querían volver a las aulas ahora se niegan a salir de ellas para dar paso a sus reemplazos.

La semana anterior, representantes del Primer Colegio Profesional de Maestros de Honduras (Pricpmah) se apersonaron al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa y presentaron una de las primeras impugnaciones anunciadas en contra del decreto de suspensión.