Policía de Honduras tras la pista de un abogado

La Policía de Honduras investiga a un abogado que habría servido como intermediario en el alquiler de la vivienda donde fueron capturados el lunes siete de los trece miembros de una peligrosa banda.

La residencia era utilizado como centro de operaciones por los integrantes de la mara 18 que el lunes se enfrentó a tiros a la policía.

El dueño de la vivienda informó a las autoridades hondureñas que la casa fue alquilada a través de un abogado que será requerido para declarar.

"Lo vamos a requerir porque posiblemente podría estar involucrado este señor de alguna manera con esta banda delincuencial", explicó el titular de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Óscar Álvarez.

El ministro informó que pedirá apoyo al Congreso Nacional para proponer un proyecto de ley que obligue a los dueños de viviendas a reportar a quién y por cuánto tiempo están alquilando una casa, como ocurre en países como España y Alemania.

De esta forma, las autoridades podrán determinar si los inquilinos tienen cuentas pendientes con la justicia.

Además, Álvarez dijo que pedirá que los propietarios puedan hacer inspecciones regulares debido a que, en el caso de la Monte Fresco, "cualquier persona que hubiera entrado se hubiera dado cuenta que esta no era un casa residencial sino que era un centro de operaciones del crimen organizado".

Los presuntos miembros de la mara 18 capturados ayer en el anillo periférico portaban chalecos antibalas y armas militares que habrían sido adquiridos en asaltos y asesinatos de miembros de la policía, según declaraciones del ministro de seguridad hondureño.

En la casa de la Monte Fresco, oriente de la capital de Honduras, fueron encontradas cédulas, tarjetas de crédito y licencias, entre otros artículos robados.

Acusaciones

Este martes, la Fiscalía presentó cargos contra ocho de los once acusados por los delitos de asociación ilícita, portación y uso de armas prohibidas y de guerra, allanamiento de morada, atentado, robo, homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa, fabricación y tráfico de armas de fuego, robo de vehículos automotores.

A los ocho acusados se les dictó detención judicial y la audiencia inicial se realizará el viernes 22 de abril.