Honduras
La controversia continúa permeando a las instituciones de Derechos Humanos y seguridad de Honduras.
Esta vez quien salió a la palestra fue la fiscal de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, quien negó rotundamente estar detrás de un premio nacional o internacional por su labor en Honduras.
"La única recompensa que yo espero recibir por el ejercicio de mi trabajo es el salario que corresponde a mi función", dijo Ponce este jueves en conferencia de prensa.
La declaración fue realizada un día después que el titular de la Secretaría de Seguridad afirmara que "hay personas que andan buscando que les reconozcan en detrimento de las acciones de la Policía Nacional".
La fiscal expresó que no espera que el premio sea adjudicado a ella, pero que en el supuesto de que así fuera "no lo aceptaría".
Asimismo, Ponce declaró "es más probable que le den el premio a las autoridades que dicen que nosotros queremos ese premio".
Con respecto al apoyo que recibe de la Secretaría de Derechos Humanos, Ponce aseguró que el respaldo existe y que hay "una voluntad por parte del presidente Lobo de que se remueva la impunidad y se apoye el trabajo que los fiscales de los Derechos Humanos hacen".
Al referirse a la supuesta "campaña de odio" que sectores han emprendido contra los fiscales, Ponce lamentó la decisión del Fiscal General para no referirse públicamente al tema.
Ponce negó que haya un enfrentamiento con la autoridades de la Secretaría de Seguridad y que lo que paso fue que la Fiscalía de Derechos Humanos en el "ejercicio de su mandato" inició una investigación y que hubo una respuesta "irracional" por parte de la institución "que deber ser controlada".
La fiscal de Derechos Humanos en Honduras y la Secretaría de Seguridad entraron en un pugilato verbal después que Ponce exigió con carácter urgente un informe detallado sobre los hechos acontecidos en la colonia Planeta, donde siete presuntos mareros murieron.
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió esta semana al presidente Porfirio Lobo que cesen los "ataques verbales" de altos funcionario scontra fiscales de derechos humanos.