Por "error de dedo" están libres dos sospechosos

Un error de dedo podría ser el motivo de la liberación de dos individuos que fueron capturados el mes pasado en posesión de 72 granadas de alto poder explosivo en Honduras.

Bárbara Castillo, vocera de los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, dijo que el Ministerio Público presentó el escrito de la apelación a la resolución emitida por la juez Normandina Ortiz, quien les dictó las medidas cautelares, pero el documento se presentó con un número erróneo lo que hizo difícil la búsqueda del presente recurso.

“Por esa razón no se encontraba ni estaba adherido al expediente, ni la misma juez sabía que se había presentado una apelación pero era que no lo ubicaban porque había un número de más” afirmó.

Debido a que el recurso de apelación a las medidas cautelares no fue presentado en tiempo y forma, la resolución no fue revocada en los seis días que llevaría el proceso.

Una vez que la jueza resolvió dictar las medidas cautelares, la Fiscalía tenía tres días para interponer un recurso de apelación, y la Corte otros tres días para resolver.

El número del expediente es 23957-11 y en el recurso de apelación fue presentado con el número 239575-11 por lo que “el sistema lo rechazaba al ingresar este número el día de ayer fue de búsqueda tanto para el personal auxiliar de la juez porque no lo encontraban, hasta hoy en la mañana se ubicó el documento”, explicó Castillo.

La vocera descartó que haya sido algo premeditado por parte de la fiscal y lo atribuyó a un error de dedo al momento de escribir el número del expediente.

La liberación con medidas cautelares de Edwin Alexander Pinzón Cambar y Hugo Renán Montes Pérez, los sujetos capturados con las 72 granadas, ha desatado una nueva confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

En Consejo de Ministros el pasado martes, el presidente de Honduras Porfirio Lobo propuso la creación de un Tribunal Constitucional para regular las funciones de los jueces y magistrados después que el ministro de Seguridad cuestionara la labor de los jueces.

El funcionario se quejó también porque los delitos de los acusados fueron cambiados.

"Están las fotografías, se levantó el caso con la presencia de los fiscales, se les acusa de asociación ilícita y tenencia y portación de armas de guerra y en el juicio se les cambia el delito por transporte ilegal de armas de guerra, lo cual el Código Penal lo castiga con cinco a siete años de reclusión (que) es conmutable, o sea (que se puede) hacer un pago y defenderse en libertad".

En ese sentido, los jueces y magistrados han pedido respeto a la independencia del Poder Judicial.

Según un informe de la emisora HRN, unos 50 mil sospechosos, ligados al narcotráfico y secuestro, gozan de medidas cautelares, en contravención al Código Procesal Penal de Honduras.