Listo anteproyecto de depuración policial

Este martes será presentado en el Congreso Nacional el anteproyecto de ley para depurar la Policía Nacional de Honduras, afirmó el ministro de Seguridad Óscar Álvarez.

El anteproyecto fue propuesto por el funcionario hondureño debido a que la actual legislación obstaculiza la separación inmediata de un miembro de la Policía sospechoso actos ilícitos.

"Yo aquí tengo en mis manos, para que miren que son hechos y no palabras, el anteproyeto de ley, donde tiene simplemente cuatro artículos operativos y un quinto que dice será publicado en la Gaceta", indicó el ministro desde Casamata en Tegucigalpa, donde esta mañana se realizó una jornada de oración dirigida por el pastor evangélico Evelio Reyes.

Álvarez explicó que uno de los artículos del anteproyecto "autoriza al Secretario de Estado en los despachos de la Secretaría de Seguridad a efecto que proceda con libre discrecionalidad para dar por terminada la carrera del personal clasificado dentro de la escala superior Ejecutiva, Básica de cadetes y Auxiliares de la Policía Nacional".

En el anteproyecto se incluye un artículo que da el derecho a una indemnización a los funcionarios separados.

El funcionario de Seguridad ha expresado en los últimos días que el anteproyecto permitirá separar a los elementos policiales sospechosos de estar coludidos con el crimen organizado o de cualquier delito, para que no puedan reintegrarse a la Policía.

Al respecto, el presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández le manifestó a Álvarez la voluntad del Legislativo para apoyar la nueva ley.

Álvarez denunció publicamente que hay oficiales involucrados en el tráfico de drogas y que actúan como controladores aéreos para el aterrizaje de narcoavionetas.

En ese sentido, emplazó al director de la Policía Nacional José Luis Muñoz Licona para que depurara la institución policial, quien en respuesta culpó a la ley de tenerlos con las manos atadas.

Según la Dirección Nacional de Asuntos Internos, más de cinco mil policías han sido denunciados por corrupción desde 1999 a la fecha.

Darle seguimiento a estas acusaciones costaría al Estado de Honduras unos 85 millones de lempiras.