Se fugan los hombres de las 72 granadas
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Honduras
Así como el título de la famosa novela de Gabriel García Márquez, la fuga de dos hombres que fueron detenidos con 72 granadas en julio pasado era una crónica anunciada.
Para este lunes, el Juzgado de lo Penal de Comayagüela los había citado para notificarles el auto de prisión con prisión preventiva, en lugar de las cuestionadas medidas cautelares que anteriormente les había dictado una jueza.
No obstante, ni Hugo Renán Montes Pérez (de 36 años) ni Eswen Alexander Pinzón Cambar (35) se presentaron a la audiencia de notificación, por lo que fueron declarados en rebeldía y se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.
La crónica
La madrugada del pasado 9 de julio, los hondureños Hugo Renán Montes Pérez y Eswen Alexander Pinzón Cambar fueron detenidos en el kilómetro 12 de la carretera de Tegucigalpa a Olancho, tras una persecución que concluyó también con el decomiso de 72 granadas de alto poder explosivo.
El arsenal iba escondido en fondos falsos de las dos puertas posteriores y en la parte trasera del vehículo pick-up en el que se transportaban.
En la audiencia inicial, la juez Normandina Ortiz les dictó auto de prisión con medidas sustitutivas a pesar de que el Ministerio Público presentó las 72 granadas antiblindaje que transportaban los sospechosos a bordo de un vehículo tipo pick up.
En ese caso, la Fiscalía acusó a los hondureños por los delitos de transporte ilegal de material de guerra.
La resolución fue apelada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la que por un "error de dedo" casi impide que el recurso les fuera admitido ya que al cumplirse los tres días el escrito no había sido encontrado en la secretaría de los Juzgados.
Al encontrar el escrito, la juez encargada del caso, y no Normandina Ortiz -a quien se le realizó una audiencia de descargo-, admitió el escrito y lo remitió a la Corte Primera de Apelaciones que revocó las medidas otorgadas por Ortiz y ordenó se les dictara la prisión preventiva.
La liberación de los detenidos con las 72 granadas generó un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por la imposición de medidas en casos relacionados con el crimen organizado.
El presidente Porfirio Lobo reaccionó proponiendo la creación de un Tribunal Superior que regule las acciones del Poder Judicial.
En respuesta, miembros de la Corte Suprema de Justicia le pidieron al mandatario respetar la independencia judicial.
Según las autoridades hondureñas, más de 50,000 delincuentes gozan de medidas cautelares otorgadas por los jueces de primera instancia.
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