¿Cuántas personas alquilan en la capital?

El Departamento Administrativo de Inquilinato (DAI) lleva registrados en lo que va del año tres mil seiscientos veinte contratos de arrendamiento, entre casas, cuarterías y locales comerciales, de los cuales mil 882 son de alquiler de casas y 886 son cuartos.

Estas cifras reflejan la no inscripción de contratos al momento de arrendar las viviendas, constituyéndose una falta, según el artículo 24 de la Ley de Inquilinato; dicha falta es resarcida con una multa de un mes de renta para el propietario del inmueble.

La mayoría de los contratos de alquiler o arrendamiento no son inscritos en el DAI, ya que en Tegucigalpa son más de un millón de habitantes, y la mayoría de ellos (al ser originarios del interior del país) optan por alquilar.

La finalidad del DAI es mediar los conflictos entre el dueño de los bienes inmuebles a alquilar y quienes lo rentan, para que estos se resuelvan mediante la conciliación entre las partes, para no llegar hasta la instancia del Juzgado de Inquilinato.

La directora de este juzgado, la abogada Vilma Cortés, manifiesta que “en el año pasado, del 100% de los casos solo el 2.5% no se pudo resolver satisfactoriamente”.

Los conflictos más comunes son por acciones de los arrendadores y los inquilinos, de quienes se anteponen denuncias porque los dueños de la casa les dan 48 horas para desalojar el bien inmueble, “siendo esto ilegal, ya que la ley estipula 90 días de plazo para que quien renta busque otro lugar donde vivir, si este ha cumplido con su pago puntual”.

Según la abogada Cortés, tanto quien renta como el inquilino son iguales ante la ley, por lo que se busca conciliar entre las partes, “todos los municipios del país cuentan con un ente regulador, con la dirección en Tegucigalpa y San Pedro Sula; en el resto de municipios se hace a través de los directores municipales de justicia (antes llamados jueces de policía)”.

Las medidas coactivas por parte de los dueños de viviendas y locales hacia los inquilinos son algunas de las principales denuncias recibidas en este departamento conciliatorio, donde vigilan la ejecución de los contratos y hacen las aplicaciones de las sanciones correspondientes.