Honduras
La ordenanza municipal Madrugada Segura ha comenzado a incomodar a los dueños de varios negocios de los bulevares capitalinos.
Unos 20 miembros de la junta directiva de la Asociación Nacional Promotora del Turismo y la Gastronomía, se reunieron con el objetivo de elaborar una petición escrita en la que solicitan a la Alcaldía capitalina el permiso para que sus establecimientos permanezcan abiertos las 24 horas del día.
Los dueños de restaurantes y discotecas del bulevar Morazán, del sector del Toncontín y de otras zonas de la capital que pertenecen a la asociación solicitan que sea abolida esta ordenanza que obliga a negocios como bares, discotecas y restaurantes a cerrar sus puertas a las 2:00 de la madrugada.
Henry Mahomar, presidente de la asociación, declaró que con la medida y ante la crisis económica que se vive en el país, varios negocios han tenido que cerrar por la poca oportunidad de ventas a causa del horario impuesto por la Alcaldía Municipal.
“Realmente cerramos a la 1:30 de la mañana, porque dejamos de servir a esa hora y a las dos debe estar completamente cerrado, muchas veces nos da pena obligar a la gente a que se vaya, hemos tenido problemas con esto”, manifestó.
La justificación que presenta este grupo de empresarios es que al igual que otros negocios como hoteles y estaciones gasolineras que ofrecen servicios todo el día, ellos tengan el mismo derecho.
“Queremos que nos dejen trabajar, pagamos impuestos igual que los demás, queremos promover el turismo, cumplimos con las medidas de seguridad”, declaró David Torres, propietario de un restaurante y miembro de la junta directiva.
A raíz de la medida, ya son seis negocios que han tenido que clausurar sus actividades comerciales.
En la reunión, los directivos de la asociación acordaron presentar la petición ante Fabricio Guillén, juez municipal, para que este tome en consideración sus puntos de vista.
Asimismo, piden al alcalde capitalino que no se oponga, ya que aseguran que es un derecho establecido en la Constitución de la República, y que al no obtener una respuesta se irán por la vía judicial.