Fiscalía procederá por tala ilegal en La Tigra

La investigación de la masacre ambiental en La Tigra esta próxima a concluir.

La Fiscalía del Ambiente considera que en la próxima semana se definirá el proceso penal a seguir, todo indica que el caso se elevará a los tribunales de justicia.

Este caso fue denunciado por la Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra) ante la Fiscalía. "Para nosotros existe el delito, estamos en ir a los juzgados o inclusive acá, porque hay otras salidas alternas a ir al juzgado", manifestó Francisco Padilla, coordinador de manejo integrado de recursos naturales de Amitigra.

Una salida alterna podría ser una conciliación imponiendo al sospechoso del delito, el coronel César Sierra, medidas que reparen el daño, como sembrar árboles o pagar una indemnización a favor del Estado.

Sin embargo, en primera instancia, la Fiscalía considera que al existir el delito se procederá de cualquier forma.

"Sí, definitivamente, tenemos que tener todos los requisitos para ir a los juzgados. Estamos finalizando", dijo Reina Pineda, fiscal asignada al caso.

El ente acusador solo está a la espera de evidencia documental para proceder.

"Esperamos que la próxima semana se finalice y ver cómo queda el caso", expresó Pineda. Existe una gama de delitos que son valorados, entre ellos aprovechamiento y corte ilegal de producto forestal agravado, por confirmarse que la tala se hizo en una zona de amortiguamiento del parque nacional La Tigra.

Más de 300 árboles fueron cortados, afectando fuentes de agua que abastecen la capital.

La Fiscalía conduce varias diligencias investigativas, entre ellas una inspección efectuada en el lugar de la depredación, que ya se hizo, y citar al coronel César Sierra, quien habría ordenado el corte de árboles.

Sierra llegó ayer a la Fiscalía acompañado de sus apoderados legales, en una corta entrevista con los fiscales prometió aportar, en los próximos días, pruebas en su defensa.

El imputado argumentó que el terreno depredado es de su propiedad por lo que está en todo el derecho de manejarlo a su antojo.

Sin embargo, la fiscal Pineda desestimó su declaración aclarando que aunque el predio le pertenezca debió solicitar un permiso al Instituto de Conservación Forestal (ICF) pues se trata de una zona de amortiguamiento.