Padres obligados a pagar bus hasta en vacaciones

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Los problemas del transporte escolar en la capital no solo se traducen en fallas mecánicas y conductores que manejan a exceso de velocidad.

Las intervenciones en las unidades de los centros educativos han desvelado además las altas tarifas que los padres de familia denuncian que pagan por el transporte "seguro" de sus hijos.

Pero no solo es el costo mensual que va de 800 hasta 1,500 lempiras, según la escuela o colegio, sino que los estudiantes solo reciben 10 meses de clases y sus padres están obligados a pagar el año completo, aunque no se reciba el servicio.

"En reiteradas ocasiones he manifestado mi pensar a los rectores del centro educativo bilingüe donde asiste mi hijo, donde pago 1,400 lempiras de cuota mensual y su respuesta es: ‘si no le gusta lléveselo’", dijo molesta Carmen López, una madre de familia que se negó a dar el nombre del centro educativo por temor a represalias.

Lo que le ocurre a esta madre se repite en la mayoría de centros educativos, donde los padres firman una hoja de compromiso de la que no se pueden escapar.

Pero la respuesta de las autoridades de los centros educativos a esta denuncia de los padres de familia es otra.

"Nosotros contraemos un compromiso con los transportistas contratados del centro educativo. Ese contrato tiene una cláusula que estima que los pagos deberán cumplirse los últimos de cada meses, utilice o no el estudiante el servicio", justificó Lilian Espinal , directora del instituto Valencia, ubicado en la colonia Hato de Enmedio.

Una camisa de fuerza

Y es que aunque suene ilógico, el pago del transporte escolar de sus hijos se ha vuelto una camisa de fuerza para miles de padres de familia.

Este es el calificativo más preciso que puede darle don César Fajardo a la injusticia que a su criterio comenten los centros educativos privados de la capital.

"Yo llevo años sometido a un yugo que al parecer no tiene final. Los pagos del servicio de transporte de la escuela de mis hijos no esperan, incluso tengo que hacerlos cuando están de vacaciones. Eso sí es una grosería", agregó.

Este padre de familia asegura que no es millonario para costearle las vacaciones a los transportistas, y "solo porque deseo dejarles de herencia una buena educación a sus hijos hago este sacrificio".

"Mis hijos utilizan el servicio de transporte, pero la mayoría de veces yo voy a dejarlos a la escuela y solo se regresan en el bus, pero aquí no hay descuento ni nada por el estilo, la cuota se paga completa se haga uso o no de las unidades", continuó indignado este padre de familia.

Negocio redondo

Segun informe de la Dirección General de Transporte (DGT), el 80 por ciento de las escuelas y colegios privados cuentan con el servicio de transporte escolar, contratado.

"Hemos observado un crecimiento de las unidades de servicio privado escolar. A la fecha, más de 1,800 buses se dedican a esta actividad, lo que nos indica que es un negocio rentable", explicó Blas Ramos, titular de la DGT.

Al final, continuó, "son los padres de familia los que terminan pagando la elevada factura".

En ese sentido, el funcionario advirtió que serán exigentes con los empresarios de este transporte a fin de garantizar la inversión que hacen con sacrificio muchos padres de familia.

"Los dueños de estas unidades están obligados a velar por la seguridad de los escolares y la DGT tiene el compromiso de que así sea", admitió.

Los padres de familia piden al menos la intervención de la Fiscalía del Consumidor para frenar lo que ellos consideran un abuso por parte de los transportistas.

EL HERALDO intentó sin éxito obtener una reacción de Luis Armando Navas, titular de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor.

La intensión fue verificar si esta entidad encargada de velar porque no se estafe a los ciudadanos ha efectuado algún tipo de supervisión en los centros educativos, especialmente en lo referente a los cobros de mensualidades por el servicio de transporte escolar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a nuestra petición.

“De la revisión general nadie se salva”

A pesar de que faltan más de 1,600 unidades por ser sometidas a una revisión general, las autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito advierten que nadie los salva.

En la primera semana de operativos, los inspectores tanto de Tránsito como de la Dirección General de Transporte han intervenido 185 buses escolares.

De estos, apenas 10 unidades no han cumplido con los requisitos físico-mecánicos mínimos para hacerse acreedoras del sticker que garantiza que pasó la revisión.

Regino Aceituno, jefe de revisión de vehículos de la DNT, advirtió que aunque los operativos se extiendan más tiempo de lo previsto, no quedará una sola unidad fuera de revisión.

"No vamos a permitir que ninguna unidad se quede sin revisar, nadie se salvará de esto. Quiero dejar bien claro algo: las instituciones que quieran pasarse de listas serán castigadas con todo el peso de la ley", señaló.