Multas hasta de L. 10 mil se aplicarán por rótulos ilegales

La ordenanza municipal para la regulación de rótulos y vallas publicitarias en los espacios públicos de la capital es clara. Se aplicarán multas de hasta 10 mil lempiras a las empresas que después de 15 días de intervenidos -por ilegalidad- sus rótulos o vallas no procedan a removerlas.

El proceso

Fabricio Guillén, juez del Departamento de Justicia de la Alcaldía Municipal, detalló a EL HERALDO que antes de aplicar una multa, su dependencia municipal en conjunto con Metroplan realizan la respectiva investigación de los rótulos.

De verificar que este no cuenta con la autorización municipal, se levanta un informe detallado en cuanto a ubicación, tamaño y tipo de rótulo para luego remitir esa información al Juzgado de Policía.

Luego se procede a intervenir el rótulo con una calcomanía que indica la infracción cometida. "Se les da un plazo de 15 días para que procedan a quitar las vallas publicitarias, pues de lo contrario incurrirían en un incumplimiento a la Ley de Policía y Convivencia Social y de allí se derivan las multas de hasta 10 mil lempiras", corroboró Guillén.

Y es que pese a que las multas son la última instancia para controlar los niveles de publicidad innecesaria en la capital, no se descarta que en los recientes operativos que ejecuta Metroplan y el Departamento de Justicia no se aplique alguna por desobediencia.

Solo en el primer operativo, estas dos entidades intervinieron no menos de 110 rótulos estándar, vallas y minivallas unipolares y luminosas, entre otras, en las diferentes calles, avenidas y bulevares de la capital

La mayor incidencia de rótulos ilegales se reportó en el bulevar Morazán, donde las empresas mantienen saturadas las calles de publicidad.

En el operativo, se coloca una calcomanía que inhabilita de inmediato el rótulo o valla publicitaria. Los comerciantes que retiren el sello de inhabilitación se exponen a ser sancionados.

Guillén informó que ya han sido varios, los representantes de empresas que se han abocado al Departamento de Justicia para solventar su situación.