A sortear obstáculos en aeropuerto de Honduras

El Toncontín sería el único aeropuerto en el mundo en contar con un “mirador” incorporado en plena pista de aterrizaje.

Imagínese cómo le haría un Airbus 320 para realizar esta maniobra de descenso: a unos cuantos metros de tierra elevarse, pasar el obstáculo y luego volver a bajar, como si nada.

Aunque resulte una broma, todo parece indicar que los experimentados pilotos de las diferentes aerolíneas tendrán que frenar en pleno vuelo para esquivar un cerro de unos cuatro metros de altura que está al inicio de la pista.

La precisión deberá ser perfecta, pues a simple vista parece que el fuselaje y el tren de aterrizaje de cada avión tocará la cima del cerro.

El montículo se trata de una propiedad privada que aún no ha sido expropiada, mucho menos indemnizada por parte del Estado.

La negativa

El inicio de la ampliación de los 300 metros de la pista de aterrizaje del polémico aeropuerto capitalino, que en mayo pasado estuvo a punto de quedar en la historia, luego del fatídico vuelo 390 de Taca, que dejó un salto de cinco muertos y 81 heridos, también comenzó un problema mayúsculo para la familia Godoy David.

Doña Dania David es la propietaria de 26 mil varas cuadradas de terreno que debieron se indemnizadas antes de comenzar el proyecto.

Sin embargo, a tres meses de llevarse a cabo la ampliación, no hay negociación alguna por parte de las autoridades del gobierno para comprar el predio.

“Ese cerrito me lo ha heredado mi esposo y si a mí el Estado no me paga, yo no puedo ceder mi terreno. No pienso perder más con ellos. Sería injusto que este gobierno diga que no puede pagar por algo que será de beneficio para la ciudad”, aseguró.

Y es que según esta capitalina, hace unos cuatro años, el Estado la expropió de 12 mil varas cuadradas más de terreno, para construir el anillo periférico y hasta el sol de hoy no ha recibido un solo centavo de esa propiedad, valoradas en 8.5 millones de lempiras.

Con el nuevo predio en disputa, asegura que ella misma ha buscado una posible negociación con Ballardo Pagoada, viceministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Sopravi), pero sin éxito.

“Con ese señor no se puede, es una persona inaccesible que pretende que yo entregue el patrimonio de mi familia así como así. Estamos hablando de 26 mil varas que cada una anda como en dos mil lempiras”, señaló.

De negociar, el Estado tendría que pagarle una suma que supera los 52 millones de lempiras.

Hasta ahora, las máquinas han aplanado la mayor parte del terreno que ocupará la nueva pista del Toncontín, menos la propiedad privada de David.

“Si es por mí, la ampliación de la pista no se detiene, estoy en toda la disponibilidad de negociar, pero si atienden mi petición”, reiteró.

Sin acuerdo

A criterio de Pagoada, la afectada solicita un pago adelantado por el predio, situación que el Estado no considera viable.

“Nosotros quisimos negociar con ella pero no se pudo. Tratamos de explicarle que sería ella la beneficiada porque solo queremos bajar la altura del cerro, y si en un dado caso el aeropuerto cierra, su terreno quedaría completamente plano”, explicó.

Al consultarle que pasaría si no se llega a un acuerdo, con toda la serenidad, contestó: “Ella sigue siendo la dueña”.

Aunque el funcionario admite que el cerro sí es una limitante para continuar el proyecto de ampliación, este no representa mayor peligro como lo era la zona de la ladrillera, que ya ha sido indemnizada.

“Si se hubiera logrado devastar el cerro, seguiríamos con el problema porque ese puente a desnivel del anillo periférico quedó mal situado”, comentó.

Sin embargo, Israel Laínez, un usuario que viaja con frecuencia al exterior, señala que cualquier persona podría prever el peligro que representa el cerro a la hora del aterrizaje de aviones.

“Me parece absurdo, solo a un loco puede ocurrírsele semejante cosa”, comentó.

Mientras esta disyuntiva se resuelve, los cientos de usuarios, nacionales y extranjeros, tendrán que seguir sintiendo vértigo y bajando los santos del cielo en cada aterrizaje.

InterAirports respeta la propiedad privada

Ivett Zelaya, vocera de la concesionaria InterAirports, encargada de la ampliación de la pista, destacó que esa institución es respetuosa de la propiedad privada y será el Estado el que deberá resolver el dilema.

“No existe una obligación contractual porque el contrato de la concesión de los cuatro aeropuertos establece que el Estado debería indemnizar a los propietarios de esos terrenos del costado sur.

Como eso no sucedió, el concesionario queda relevado de la obligación”, detalló.

Los trabajos en Toncontín consisten en la extensión de 150 metros de pista con una plataforma de viraje, la construcción de una franja de pista de 60 metros y la creación de un resa (área de seguridad de extremo de pista) de 90 metros.

Además, la edificación de mil metros de cerco perimetral y remoción de otros obstáculos para mejorar el aterrizaje al aeropuerto, el corte y nivelación de 168 mil metros cúbicos de tierra.

El costo de toda la obra se estima en 45 millones de lempiras.