Honduras
La falta de permisos de operación y medidas de seguridad fueron la causa por la que el juzgado de Policía de la Alcaldía Municipal cerró por segunda vez varios expendios de aguardiente en la zona de Belén.
Y es que a pesar que históricamente este barrio capitalino ha sido catalogado como “caliente”, debido a la cantidad de cantinas, billares y todo tipo de negocios que afectan el orden público y la moral que allí operan, las autoridades municipales se han dado a la tarea de cambiar su historia.
El fin de semana se realizó un fuerte operativo en esa zona a fin de acabar con tanto negocio clandestino e inseguro.
Los resultados: cinco expendios de aguardiente, un billar, un hospedaje y una pensión, fueron cerrados definitivamente.
Los cierres
Fabricio Guillén, juez municipal, detalló a EL HERALDO que el cierre definitivo de todos estos negocios obedeció a la falta de permisos de operación y de medidas de seguridad.
Anunció que en esta semana el Juzgado de Policía Municipal realizará las audiencias de descargo, a fin de emitir la resolución que en derecho corresponda en cada caso.
Según relató, desde hace varios días, la Policía Municipal le venía siguiendo la pista a estos negocios clandestinos, luego de que los mismos vecinos interpusieron las denuncias.
Días antes del operativo, los inspectores municipales se hicieron pasar por clientes e investigaron a nombre de quiénes operaban estos sitios.
“Las diligencias fueron un éxito y se logró detectar los puntos específicos donde operaban ilegalmente y se procedió a su cierre”, detalló.
El mismo día que se cerraron estos negocios, el Juzgado de Policía Municipal ordenó una constante vigilancia en la zona a fin de impedir que vuelvan a funcionar o a que proliferen más negocios de este tipo en Belén.
En el operativo participaron unos 20 inspectores del Juzgado y 30 agentes de la Policía Municipal y de la Preventiva.
Esta es la segunda vez que el Juzgado de Policía ordena el cierre de negocios clandestinos en la zona de Belén.
El año pasado se logró intervenir al menos 20 establecimientos, entre expendios, hospedajes, pensiones, billares y pulperías, donde se vendían bebidas alcohólicas.
“El problema es que cerramos unos negocios y luego aparecen otros con el mismo rubro pero con diferente nombre y propietario. Sin embargo, estamos garantizando que vamos a intensificar los operativos”, aseveró Guillén.
La Ley de Policía y Convivencia Social establece en sus artículos 148 y 149 sanciones de cinco a seis años de cárcel, más la multa de entre 50 y 100 mil lempiras a los propietarios de negocios que infrinjan su reglamento.
Los expedientes de los negocios cerrados, en particular los que atentan contra la moral, serán remitidos al Ministerio Público, para que determine si procede una acción penal.
Desde septiembre pasado, cuando iniciaron los operativos, hasta la fecha, se han intervenido unos 498 bares, restaurantes y discotecas en toda la capital.
De esta cifra, al menos un 40 por ciento cuenta con su respectiva solvencia de inspección otorgada por el Cuerpo de Bomberos.