Honduras
Una lluvia de piedras, agresiones y toletazos convirtió un desalojo pacífico en un campo de batalla.
El desalojo fue ejecutado por la Policía Nacional y el Escuadrón Cobra en la zona de El Manzanal.
Unos 300 elementos policiales llegaron a las 6:00 de la mañana a cumplir una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán.
Sin embargo, las 300 familias que habitan la zona, en calidad de invasores, respondieron con violencia a la orden judicial.
Armados con machetes, palos y piedras, los aldeanos se opusieron al desalojo y, en lugar de acatar las indicaciones de los agentes, se impusieron como soldados en pleno combate.
Esta es la segunda vez que la policía desaloja violentamente el predio. En la primera ocasión, las casi 400 viviendas construidas con madera fueron reducidas a escombros.
Sin embargo, más tardaron los agentes en retirarse de la zona que los vecinos en levantar de nuevo sus viviendas.
Desesperación
Doña Carmen Hernández, quien fue desalojada meses atrás, no entendía por qué las autoridades policiales desmantelaban de nuevo su vivienda y con lágrimas en los ojos pedía a gritos que no se las destruyeran, pues no tiene a donde ir.
A otros, por el contrario, les pudo más el coraje que sentían que el amor por lo material.
Doña Cirila Ramírez prefirió prenderle fuego ella misma a la humilde vivienda que la acogió por más de cuatro años, antes que permitir que los tractores la derribaran.
“Prefiero quemarla antes que estos perros me coman mi casa”, dijo al momento en que encendía un cartón con gas y lo colocaba en las bases de su vivienda.
Mientras en el otro extremo de El Manzanal, los agentes sostenían un lucha campal con los moradores. En medio del fuego cruzado de piedras y bombas lacrimógenas, la policía capturó a unos nueve enardecidos habitantes, incluyendo a una mujer.
Asimismo, se decomisaron varias armas blancas (machetes y cuchillos) que portaban los vecinos para su defensa.
Más de 250 viviendas fueron destruidas por dos tractores que se usaron en el desalojo.
Estaba anunciado
Brenda Sándrez, jueza ejecutora del desalojo, aseguró a EL HERALDO que la acción se había notificado desde hace 25 días atrás, tanto a los pobladores como a las autoridades, a fin de evitar el enfrentamiento armado.
“Tratamos de desarrollar un desalojo pacífico. Estas personas ya sabían que tenían que salir del lugar y sencillamente no acataron la orden”, comentó.
Aunque lamentó la violencia, dijo que no se pudo evitar, pues los moradores fueron los que atacaron a la policía.
Sandra Ponce, fiscal de los Derechos Humanos, quien estaba al tanto del desalojo, no se presentó al lugar, sino hasta seis horas después.
* Viviendas: La falta de un techo seguro para los capitalinos se da en un 49.5%, según informe del Instituto Nacional de Estadística.