Tribunal notifica desalojos en la colonia Cerro Grande

Más de cien familias residentes en la colonia Cerro Grande tendrán que buscar otro lugar para vivir.

El Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán decretó medidas de aseguramiento para que cesen los efectos de los delitos de usurpación y daños que la familia Gómez ha ocasionado a la empresa Urbanizaciones Hasbun S.A de C.V. en los terrenos ubicados en la zona.

Por este caso, el Tribunal conoce de una querella interpuesta contra cuatro miembros de la familia Gómez, por los delitos de usurpación y daños ocasionados a José Hasbun, dueño de la urbanizadora.

En la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia, se ordena a la familia Gómez y cualquier ocupante abstenerse en forma inmediata de continuar ejecutando acciones en los terrenos propiedad de Urbanizaciones Hasbun, manifestó Wilfredo Pineda, apoderado de dicha empresa.

Para el cumplimiento de esta resolución, la instancia judicial decretó cuatro medidas. En la primera, les prohibe realizar cualquier tipo de obras de construcción, compra ventas, así como la ejecución de todo tipo de transacciones en relación a los terrenos ocupados.

Asimismo, se les prohibe la permanencia a más de cien familias y el acceso al terreno en cuestión como a construcciones que se edifican en la propiedad ajena. Del mismo modo, ordenó la paralización de obras en construcción y se pide a la comuna capitalina la cancelación de permisos de construcción y operaciones de negocios autorizados en terrenos ocupados.

Se ordena quitar todos los rótulos instalados en los terrenos usurpados, con las leyendas como “Familia Gómez”, “Se vende terreno”, entre otros.

La serie de medidas de aseguramiento fueron ayer notificadas por cuatro receptores del Tribunal de Sentencia que acudieron a las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la Cerro Grande, debidamente custodiados por varios escuadrones policiales.

Se requirió a los querellados y demás ocupantes de los terrenos usurpados para que den cumplimiento a las medidas impuestas por dicho Tribunal en un plazo de 72 horas, caso contrario incurrirían en el delito de desobediencia y la ejecución forzosa de la orden judicial, expresó Pineda. Sin embargo, quienes viven en dichos terrenos expusieron ayer que no desalojarán los predios.

“Esto esta malo, no nos iremos de aquí”, dijo Mary Juárez, quien ocupa una caseta de negocios.

* Notificación: Para garantizar su integridad física, los cuatro receptores del Tribunal de Sentencia se desplazaron a los terrenos ocupados a notificar los desalojos.