¡Paralizada la capital por paro del transporte!

Los capitalinos se vieron obligados ayer a trasladarse a pie a sus centros de trabajo.

Lo que se anunció como una marcha de "recordatorio" de los compromisos del gobierno, y que solo ocuparía el carril derecho de las principales vías, terminó paralizando por completo la capital.

Unas 1,600 unidades del transporte urbano se desplazaron por los cuatro puntos cardinales con dirección a Casa de Gobierno y los bajos del Congreso Nacional.

Desde las 5:00 de la mañana los dirigentes del transporte, transportistas y conductores se declararon en paro indefinido de labores mientras el presidente Roberto Micheletti no les haga efectivo el pago del bono correspondiente a 2009, cuyo monto asciende a unos 220 millones de lempiras.

Sin embargo, los más afectados con las medidas del sector transporte fueron cientos de capitalinos que se encontraron con estaciones vacías y sin opciones para movilizarse.

Doña Gloria González no se enteró del paro y desde las 7:00 de la mañana que salió de su hogar, ubicado en Las Brisas de Comayagüela, tardó más de cuatro horas antes de llegar al centro de Tegucigalpa, donde instala su chiclera.

Con 56 años de edad, esta humilde mujer recorrió más de cuatro kilómetros cargando una caja de madera y su silla plástica, donde coloca su mercadería.

Igual que ella, cientos de personas, incluso madres con niños en brazos, gente con bultos y ancianos, tuvieron que caminar grandes trayectos para llegar a su destino.

La lluvia de críticas de los propios usuarios no se hizo esperar y decenas de afectados denunciaron por todos los medios el mal estado en el que opera el 40 por ciento de las unidades, la inseguridad y hasta los malos tratos que reciben de muchos conductores y cobradores "malcriados". Además aconsejaron al gobierno acabar la "extorsión" que el transporte urbano hace con el Ejecutivo, su figura paternal.

Cuellos de botella

Como si fuese poco el pesado tráfico que a diario se forma en el centro de Tegucigalpa, los transportistas agudizaron ayer más ese infierno vial.

Las unidades que cubren las rutas de Comayagüela desfilaron por las vías de acceso hasta llegar a los bajos del Congreso Nacional, donde apagaron sus motores y esperaron pacientemente que se les atendiera.

Los inspectores de la Dirección Nacional de Tránsito se vieron obligados a cerrar la calle que conduce al puente Juan Ramón Molina y que da acceso a la cámara legislativa debido a que al menos 100 unidades del transporte permanecían aparcadas en plena vía.

Al convulsionado centro de la capital llegaron en caravanas unidades desde la zona de La Granja, El Prado y Comayagüela, donde también se dificultó en gran medida la circulación vial.

Otros puntos, como los bulevares Suyapa y Juan Pablo II y vías alternas a la Casa Presidencial, fueron sitiados por los transportistas.

En las avenidas de Comayagüela sucedió lo mismo, igual que en el populoso barrio Abajo, que superó su capacidad máxima de circulación. Allí reinó un tráfico insoportable.

Las peticiones

Además del pago del millonario bono, los transportistas piden al gobierno decretar una veda por 10 años al otorgamiento de permisos de operación, pues aseguran tener conocimiento de que para marzo del próximo año estarían ingresando unas 6 mil unidades más al colapasado parque vehicular de la ciudad, que actualmente supera los 320 mil automotores.

"Queremos pedirle disculpas al pueblo que está siendo afectado, pero no estamos pidiendo aumento a las tarifas, sino que se nos cumpla un derecho que tenemos para seguir operando", expresó Armando Andino, directivo de la empresa Inversiones de Transporte S.A. (Itsa).

Según este transportista, hasta ahora lo pactado con el gobierno es un pago de 70 millones de lempiras para saldar cuatro meses de subsidio, pero solo han sido en palabras. De no obtener respuesta se tendría que aumentar el pasaje del bus a seis lempiras, es decir, un 100 por ciento del costo actual, que es de tres lempiras.

Además, piden que se saque de circulación un sinnúmero de unidades del transporte ilegales que cobran una tarifa un 70 por ciento mayor que la de ellos.

"No queremos que sigan aumentando la cantidad de buses porque la capital no soporta uno más. Se dice que todo gobierno cuando se va ya deja certificado y firmado papeles para que en marzo comiencen a operar esos buses que nos hacen la competencia", denunció Andino.

A su criterio, unas 600 unidades trabajan de manera ilegal, cobrando una tarifa de 10 lempiras por persona.

En cuanto al caos vial, Ridel Ventura, presidente del Sindicato del Transporte Urbabo (STU), explicó que la intención era solo ocupar el carril derecho de las calles de la ciudad, pero que los retenes policiales no les permitieron avanzar, lo que los obligó a alinear sus unidades cerca de sus puntos estratégicamente planificados.

"Solo queremos que el gobierno escuche nuestros clamores, ya pasó un año de estar esperando nuestro derecho y es justo que se interesen más por este rubro que es la columna vertebral de la economía del país", comentó.

Los transportistas reconocieron que con la marcha atentan contra la libre circulación de las personas y vehículos, pero dejaron claro que solo la suspenderán al obtener una respuesta favorable.

"Le damos plazo al Congreso Nacional hasta mañana (hoy) para que solvente esta situación, de lo contrario, al día siguiente (miércoles) continuaremos con la misma dinámica o quizá con medidas más fuertes de presión", advirtió Ventura. Hasta ayer por la tarde, no había acuerdos, sin embargo, se espera que hoy el Congreso decida el futuro de los transportistas.