Fosovi anuncia desalojo de invasores de oficio

El imperio de la ley del más fuerte podría llegar a su fin. Los invasores de oficio que se han adueñado de un extenso terreno en Loarque serán desalojados sin contemplaciones en los próximos días.

El anuncio fue hecho ayer por autoridades del Fondo Social de la Vivienda (Fosovi), que a su vez advirtieron que no reconocerán a ninguna persona que haya comprado un lote y que no tenga un documento legal que avale esa compra.

José Armando Rodríguez, apoderado legal de Fosovi, reiteró que los terrenos pertenecen a personas particulares y al desaparecido Instituto Nacional de la Vivienda (Inva), ahora Fosovi, y que por lo tanto quienes hayan comprado o ya viven en la zona lo hacen de manera ilegal.

Los predios, que pertenecen a Fosovi y que colindan con otras propiedades privadas, suman unas 209 manzanas que durante varios años se han convertido en la vaca que da leche para un grupo de invasores de oficio que ha obtenido jugosas ganancias de aproximadamente 50 millones de lempiras.

Acciones judiciales

“Tenemos identificados plenamente los terrenos invadidos, no todo es de Fosovi, hay también expropiación en terrenos colindantes, ellos (los invasores) comienzan a ubicarse en un proyecto denominado ciudad Morazán”, detalló Rodríguez.

En las 209 manzanas que pertenecen a esa institución, se ubican Las Mesas, La Leona y La Barranca, la mayoría “lotificadas” con cercos de alambre de púas o con el nombre y apellido del comprador.

La propiedad se encuentra en un fideicomiso en banco La Constancia, con la idea de desarrollar un proyecto habitacional para familias de escasos recursos económicos, una vez que se cumpla con los estudios de impacto ambiental que la ley dictamina.

Según Rodríguez, cuando las autoridades de Fosovi recibieron el informe del departamento legal que indicaba que invasores de oficio estaban lotificando la zona conocida como La Barranca y Las Mesas, entre las colonias Loarque y Altos de Santa Rosa, como si fuese una mina de oro, de inmediato iniciaron acciones legales.

Detalló que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público y en la Dirección Nacional de Investigación (DIG) se efectuaron las investigaciones de rigor, lo que dio como resultado la identificación de un grupo de personas, las cuales fueron citadas ante el Ministerio Público y se les indicó un requerimiento legal ante los juzgados.

Todas estas acciones judiciales emprendidas por Fosovi dieron frutos, ya que ayer se logró que la jueza conocedora de la causa dictara una orden de desalojo.

José Bustillo Murcia, titular de Fosovi, dijo a EL HERALDO que una vez conocido el dictamen de la juez que conoce del caso de usurpación ilegal de tierra, el desalojo no lo detiene nadie.

“Como autoridad de esta institución debemos notificar el desalojo, esto se está coordinado con las autoridades correspondientes, estamos preparando la parte logística para que nos nombre un juez ejecutor y estas personas dejen limpia esta zona”, sentenció Bustillo Murcia.

Por otra parte, las autoridades de Fosovi advirtieron ayer a las personas que compraron lotes en esta zona, que no se harán responsables por el pago de terrenos a los invasores de oficio.

Bustillo Murcia confirmó que a su oficina ha llegado un grupo de afectados con la idea de conformar un patronato que defienda sus intereses y puedan esperar un poco de benevolencia de parte de las autoridades.

“He recibido a varias personas en mi oficina quienes me han entregado varias listas, pero lamentablemente no podemos hacer nada. También ha venido un grupo de abogado que se ha dirigido a mí para llegar a un arreglo, pero no es posible, los terrenos deben ser limpiados”, dijo el director de Fosovi.

Mientras, las autoridades de la unidad de Acceso a la Propiedad de la comuna capitalina se han llamado al silencio desde el miércoles, aduciendo que esta dependencia no tiene nada que ver en un problema que involucra a la propiedad privada.

Además están molestos porque, según ellos, este rotativo los acusó de no atender los problemas que afectan a los capitalinos.
Por su parte, la regidora Doris Gutiérrez dijo que instituciones como el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), enviarán un informe a la unidad de Acceso a la Propiedad de la comuna capitalina para aclarar la situación de impacto ambiental dentro de la zona afectada.

Y es que el problema está ahí, nadie puede lavarse las manos cuando una zona podría convertirse en una bomba de tiempo a causa de la falta de servicios básicos como agua potable, alcantarillado sanitario y electricidad.