Hasta cuatro años de cárcel para invasores

Ciudad Alba dejó de ser el sueño de al menos 15 mil familias capitalinas, para convertirse en una pesadilla.

“Quienes estén ubicados en terrenos que no les corresponden podrían tener problemas con la ley”, esta frase contundente del director del Fondo Social de la Vivienda, José Bustillo Murcia, deja claro que las personas que pagaron entre 2,500 y 6 mil lempiras por un lote en la zona de Loarque perderán su dinero.

Pero eso no es todo, los usurpadores podrían enfrentar una pena de dos a cuatro años de cárcel de encontrarlos culpales de usurpación ilegal de terrenos privados.

Lorena Cálix, vocera del Ministerio Público, explicó a EL HERALDO que se aplicarán las normativas de ley según el Código Procesal Penal en su artículo 28, numeral 6, que indica que una vez presentada la denuncia formal de los afectados por el ilícito de usurpación de tierras, la Fiscalía de Delitos Comunes procede a asignar un fiscal o agente de tribunales.

Este artículo ordena los autos de requerimiento de investigación a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) para que documente lo que está sucediendo.

Según las autoridades del Ministerio Público, los invasores de oficio podrían ser sentenciados a entre 2 a 4 años de reclusión.

“El artículo 227 del Código Procesal Penal indica que quien usurpe un bien inmueble será sancionado con reclusión de 2 a 4 años sin perjuicio de que, tan pronto como se acredite el acto, el juez que conoce la causa ordene el desalojo del bien que se trate”, detalló Cálix.
Acciones concretas

Las autoridades de Fosovi están dispuestas a hacer cumplir la ley y recuperar las 209 manzanas de terreno de su propiedad, con las que invasores de oficio han hecho “clavos de oro” vendiendo a incautos que en las próximas semanas serán desalojados de la zona por orden judicial.

Todas estas acciones judiciales emprendidas por Fosovi están siendo programadas, es decir que el desalojo va.

El titular de esa institución advirtió que no descansará hasta no tener el control de las 209 manzanas de tierra que le pertenecen a Fosovi, y que fueron vendidas por personas inescrupulosas valiéndose de las necesidad de varias familias de adquirir un pedazo de tierra para edificar su vivienda.

José Bustillo Murcia, titular de Fosovi, dijo a EL HERALDO que no es un ente que permite a las personas convertirse en terratenientes; la misión de la institución es velar por las áreas verdes protegidas y por los terrenos que forman parte del desarrollo urbano de la ciudad.

“En este momento no contamos con proyectos de casas, solo de terrenos; la institución está para velar por el desarrollo urbanístico en orden, acá no vamos a favorecer a terrateniente o invasores de oficio, estas personas deben saber que no están apegadas a la ley”, continuó.

Antes de las acciones de desalojo, Fosovi convocará a una reunión multilateral con las instituciones involucradas en el desarrollo urbanístico de la ciudad, para ver la posibilidad de iniciar proyectos de vivienda para los más pobres, todo con el visto bueno de los legítimos herederos de los terrenos colindantes.

Por su parte, los herederos anunciaron que estarán anuentes a colaborar con el Ministerio Público y Fosovi para que sus tierras sean liberadas, ya que desde hace mucho tiempo han vivido amenazados por personas inescrupulosas que se han apoderado de sus tierras y se han dedicado a realizar negocios redondos desde hace mucho años.

“Lo que queremos es recuperar nuestras tierras, no lo hemos hecho por temor”, dijo uno de los herederos cuyo nombre omitimos por temor a represalias.

Las autoridades del Ministerio Público han puesto a las órdenes de la población la Fiscalía de Delitos Comunes para que denuncien este tipo de hechos, de los cuales no se tiene conocimiento porque no hay denuncias.

“Desgraciadamente, si no hay una denuncia, no podemos iniciar una investigación”, dijo Valenzuela.
Medidas sanitarias

En las acciones de desalojo se involucrará a la Secretaría de Salud para evitar la propagación de epidemias, debido a las aproximadamente 200 familias que residen en la zona.

Además se involucrará a la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Alcaldía Municipal para que sean estos entes los que dictaminen el grado de riesgo que enfrentan quienes viven en la zona y las personas que lo harían en un futuro al comprar un lote.

El director de Fosovi confirmó a este rotativo que cuenta con todo el apoyo del Ministerio Público, la Policía Preventiva, los Juzgado Unificados de Comayagüela, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y los Derechos Humanos, que se convertirán en garantes de los derechos de las personas que estén ubicadas dentro de los terrenos invadidos.

Bustillo Murcia confirmó que las acciones para desarrollar el desalojo van por buen camino y que no darán ni un paso atrás.
Las acciones

La denuncia de la invasión fue conocida a través de EL HERALDO, que no solo develó el impacto ambiental que provocaría una urbanización en los extensos terrenos de Loarque, debido a la falta de servicios básicos, sino el negocio redondo para los invasores.

En entrevistas con incautos que adquirieron predios en la zona se descubrió que quienes “administran” los terrenos estarían echándose en sus bolsillos no menos de 50 millones de lempiras producto de la venta ilegal.

La zona parece un campo minado: hay una sola entrada y salida; dentro hay hombres armados que, según los vecinos, han conformado un patronato que se encarga de vender los terrenos.

No hay un contrato, mucho menos un recibo que indique que quien compró es el dueño. Esta persona cerca su pedazo de tierra y hasta coloca su nombre y apellido en una piedra.

La lista de incautos, que ya está en poder de las autoridades de Fosovi, suma más de 15 mil.

Las acciones están listas para ser realizadas. En estas semanas las personas serán desalojadas de la zona; las autoridades están obligadas a encontrar una salida para estos capitalinos que irremediablemente perderán su dinero.