Desalojan a invasores de oficio en Loarque

Las hileras de covachas que habían sido leventadas con madera, lámina de zinc, ramas y cartones fueron echadas por tierra en unos cuantos minutos.

Los invasores de oficio que se habían apropiado de 209 manzanas de tierra propiedad del Fondo Social de la Vivienda (Fosovi) y otras extensiones de terreno de varias familias particulares fueron desalojados de la zona por orden judicial.

El enorme operativo que se desarrolló de manera pacífica y en el que participaron 650 elementos, entre miembros de la Policía Preventiva, Escuadrón Cobras, Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y personal de apoyo de la Fuerzas Armadas echó por tierra los sueños de centenares de familias, que compraron lotes en la zona a invasores de oficio que llenaron sus bolsillos de lempiras.

La acción de las fuerzas policiales inició a las 6:00 de la mañana en las zonas conocidas como La Barranca y Las Mesas, ubicadas entre las colonias Loarque y Altos de Santa Rosa, y culminó después de las 10:00 de la mañana.

Cinco retroexcavadoras derribaron las casuchas, en algunas de las cuales había personas, entre ellas niños que salieron asustados de las viviendas ante la presencia policial.

Las acciones

La orden, emitida por el Juzgado Unificado de Letras de lo Penal de la capital, fue ejecutada por la jueza Brenda Sandres, quien aseguró a EL HERALDO que todo se desarrolló conforme a ley y que se tomaron las medidas pertinentes para evitar el derramamiento de sangre.

Las acciones de desalojo fueron dirigidas por el subcomisario Leandro Osorio, del distrito 3-1 de Comayagüela, y dejaron como saldo la detención de una persona que responde al nombre de

Dionisio García Tejeda.

A esta persona, quien tenía una acusación pendiente por venta ilegal de terrenos y una orden de captura por el delito de falsificación de documentos en perjuicio de una institución bancaria, se le supone como principal responsable de la venta ilegal de terrenos a estos capitalinos y a decenas de personas en varios sectores de la ciudad.

Leonel Sauceda, portavoz de la Policía Nacional, expresó que las acciones se desarrollaron en conjunto con la DNIC para determinar las posibles capturas de personas que tuvieran alguna relación con hechos delitivos.

"Con el trabajo de investigación realizado por parte de la Policía, días antes del desalojo, se le dio captura en el momento al señor Dionisio García, asimismo, se decomisaron varias armas de fuego de bajo calibre en poder de moradores de la zona", dijo.

Según Sauceda, la policía coordina acciones de vigilancia permanente en el lugar para evitar que los invasores de oficio vuelvan a estafar a estos incautos.

A pesar de que todo se desarrolló de manera pacífica, sin ningún percance lamentable, Sauceda confirmó la versión conocida por EL HERALDO sobre que en la madrugada antes del desalojo varios hombres fuertemente armados se habrían apostado en la entrada a los terrenos en litigio para detener la acción policial.

¿Qué sigue?

Según autoridades del Fondo Social de la Vivienda (Fosovi), las acciones posteriores al desalojo incluyen un estudio de impacto ambiental en la zona previo al informe desarrollado por parte de las autoridades de la Asociación del Fomento al Progreso y Desarrollo Social (Prodem), que es la institución que maneja las 209 manzanas de terreno a manera de un fidecomiso.

"Estaremos a la espera de lo que nos indicarán las autoridades de Prodem, que son los encargados del fidecomisio de los terrenos, pero sí estamos seguros de que comenzaremos a evaluar los estudios para ver la posibilidad de urbanizar la zona de una manera ordenada y cumpliendo con todos los requisitos en base a la ley de construcción en la ciudad", dijo José Bustillo Murcia, titular de Fosovi,

Si el dictamen es favorable, se continuará con la idea de desarrollar un proyecto habitacional para familias de escasos recursos.

De igual manera, las autoridades de Fosovi y la Policía Preventiva hacen un llamado a los herederos de los terrenos colidantes a las 209 manzanas de tierra para que realicen una vigilancia permanente en toda la zona para evitar que otras personas puedan apropiarse de nuevo de los mismos.

El enorme negocios que por años se desarrolló en lugar por parte de usurpadores de tierra les permitió llenar sus bolsillos con al menos 50 millones de lempiras producto de la venta de no menos de 15 terrenos a familias pobres que pagaron entre 2,500 y 6,000 lempiras por cada lote.

En la zona solo residían 10 familias que fueron desalojadas. Las demás casuchas de ramas y cartón eran solo para ocupar el terreno después de haber hecho el respectivo pago.