Fiscalía abre investigación por crimen cultural

"Don Miguel, bórreme de la lista de sus correos, bórreme, no me mande sus comunicaciones, no quiero más denuncias...".

Esta fue la respuesta que el historiador Miguel Cálix Suazo asegura recibió del titular de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes (SCAD), Bernard Martínez, cuando por enésima vez denunció el atentado del que estaba siendo objeto el patrimonio documental de Honduras, que quedó abandonado en la Casa de Morazán.

Las imágenes en las que se retrata cómo infinidad de documentos son destruidos por la polilla y luego desechados en bolsas plásticas, estremecieron ayer no solo a los capitalinos, sino a todos los hondureños que se sienten orgullosos de su historia.

Aunque las autoridades de la Hemeroteca Nacional y de varias dependencias de la SCAD aseguran que se trata solo de copias, que las originales están protegidas, las investigaciones, realizadas desde 2007 por Cálix Suazo, también integrante del directorio de la Casa de Morazán, prueban lo contrario.

Total indiferencia

El denunciante no se explica por qué el secretario de Estado, en los despachos de Cultura, Artes y Deportes, en lugar de agradecer que se le pusiera al tanto de esta situación, rechazaba ser informado; si la única intención que se perseguía es salvar la historia del país.

"Es increíble, que el ministro de Cultura, que debiera agradecer que le estamos ayudando, me pidió que lo borrara de la lista de mis correos", apuntó el escritor.

El pasado martes, Cálix Suazo presenció cómo este legado, que tanto el Archivo Nacional como la Hemeroteca dejaron abandonado en la Casa de Morazán, era recogido sin misericordia por un grupo de empleados.

En su mayoría los documentos habían sido destruidos por la polilla, la humedad, el calor y la falta de mantenimiento al que fueron sometidos y que según explicaciones del propio viceministro de Cultura, Antonio Sierra, se debió a la falta de un espacio adecuado y de presupuesto para su preservación.

Según Miguel Cálix Suazo, "los desechos", solo envueltos sin ningún tipo de selección en papel traza, fueron trasladados en camiones del Ejército a la imprenta que pertenece a la SCAD y que se localiza en la colonia El Prado.

"Tengo pruebas y desde 2007 he venido hablando con los funcionarios, pero son como piedras, tienen oídos sordos", señaló el denunciante.

La más reciente de estas denuncias tiene fecha 17 de mayo y se trata de una carta que remitió a Eduardo Gavarrete, oficial de Información Pública de la SCAD, para solicitarle que le enviara una fotocopia del listado de cajas, bolsas y envoltorios que esa Secretaría, a través de la Dirección General del Libro y el Documento, ordenó trasladar la imprenta.

El solicitante amparó su petición en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y enfatizó en que los documentos eran irrepetibles y que habían quedado abandonados por varios años en la Casa de Morazán.

Además, en la misiva se solicitan los nombres de las personas civiles y miembros del Ejército que participaron en el traslado de estos documentos hacia la Imprenta de la SCAD.

"En la nota pido que en base a la Ley de Transparencia me den esas listas. Como yo soy del Directorio (de la Casa Morazán) he visto cómo están trabajando, tengo las fotos de los muchachos, cómo agarran con palas, estos documentos históricos", señaló el también presidente del Instituto Morazánico.

A criterio de Cálix Suazo, con esta determinación de no saber tratar los documentos de la historia del país, aunque se asegure que muchos no son originales, sino copias, la SCAD "lo que está haciendo es esconder la suciedad como el gato, haciendo envoltorios, tengo pruebas de que estos los han ido a dejar no solo a la imprenta, sino a otras dependencias como la Biblioteca Nacional", manifestó.

Las denuncias son muchas pero ninguna encontró eco, aseguró el historiador.

"He solicitado también los nombres de las personas civiles y de los militares que participaron en este acto bochornoso, pero aún no tengo respuestas, hay que esperar", apuntó.

La responsabilidad

El historiador reiteró que a quien se le debe deducir todo tipo de responsabilidad por esta "masacre patrimonal" es a la SCAD, porque todas las dependencias, como el Archivo, Hemeroteca, Imprenta, Biblioteca le pertenecen.

"El responsable es el ministro de Cultura, quien quiera que sea ese ministro, porque se hacen los desentendidos, los sordos", declaró Cálix Suazo, al detallar que estos hechos no corresponden solo a las autoridades actuales, sino que se vienen arrastrando desde hace varios gobiernos.

Asimismo, de parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), no ha tenido ninguna respuesta, pese a que el pasado 18 de enero envió un documento de 227 páginas donde exponía el problema.

"De esto han pasado cinco meses y ni en broma me han acusado recibo, me han dicho sentémonos, analicemos qué podemos hacer, no hay interés", expresó el historiador.

La denuncia reunió de emergencia ayer a las autoridades de las dependencias de la SCAD, que anunciaron para el lunes una conferencia de prensa donde darán explicaciones sobre este caso.

Los representantes del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) se negaron a responder a las acusaciones de Miguel Cálix Suazo.