Transportistas exigen el retiro de unidades ilegales

Los empresarios del transporte urbano de la capital han adoptado una nueva manera de mostrar sus exigencias a las autoridades de la Dirección General del transporte (DGT): la colocación de carteles en sus unidades.

Con improvisados letreros, los transportistas demuestran su descontento ante la circulación de cientos de unidades ilegales en la ciudad, la falta de inclusión en las negociaciones del Trans 450, el retraso en pago de subsidios, bonificaciones y la inseguridad a la que se enfrentan a diario.

Según Marvin Galo, presidente de la Asociación de Transporte Urbano, esta medida marca solo el inicio de una serie de presiones que harán al gobierno hasta que cumpla con sus exigencias.

"Hemos demostrado ser un sector de diálogo, pero este tiene su límite, esta es la última semana de espera que damos al gobierno, ya tenemos programada una asamblea general para determinar las acciones a seguir", indicó Galo.

Con la circulación, según ellos, de unos 800 microbuses "brujos" en las rutas actuales de transporte urbano, los empresarios del rubro sienten amenazada su inversión con la introducción de 200 autobuses nuevos en el denominado servicio ejecutivo.

Galo manifestó que antes de introducir estas unidades siguieron un engorroso proceso bajo la supervisión del gobierno y ahora no cuentan con un resguardo de su inversión.

"Cómo es posible que invirtamos en unidades de 1.5 millones y no se nos proteja la inversión, seguimos lo que dicta la ley y ahora cualquier persona con cualquier tipo de unidad y por el precio que ella quiera lleva a pasajeros", aseveró.

Conflicto en puerta

Mientras los operadores ilegales afirman que en reiteradas ocasiones han solicitado un permiso para trabajar, los que sí lo hacen de manera legal solicitan el inmediato retiro de sus rutas de estas unidades.

Jorge Sánchez, presidente de la Federación de Microbuses de Honduras (Fedemin), aseguró que la circulación de las unidades "brujas" les impide cumplir con los pagos de la deuda de las cerca de 200 unidades del servicio ejecutivo que compraron.

Sánchez detalló que para sacar a las calles cada unidad ejecutiva los empresarios invirtieron una prima de 250,000 lempiras y mensualmente abonan una letra de 31,000 lempiras.

Lo significa que diariamente un empresario del transporte debe obtener un promedio de 1,500 lempiras de ganancia libres, más los costos de operación, para honrar su deuda.

"Tenemos en la calle 250 unidades circulando, por lo que estamos exigiendo a las autoridades que tomen muy en serio este caso", afirmó.

Medidas de presión

Los operadores han dado un ultimátum, que concluye en esta semana, a las autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT) para que presenten soluciones concretas a sus exigencias.

Sánchez aseveró que en el transcurso de la semana sus acciones de protesta irán elevándose de acuerdo a las resoluciones que tomen las autoridades de gobierno.

"El apoyo a nuestra causa es a nivel nacional, exigimos el pago de la bonificación de unas 1,500 unidades, pagos de subsidios atrasados, la regulación de la competencia desleal, mayor seguridad y participación abierta en el plan del transmetro", apuntó Galo.

Los transportistas reciben mensualmente del gobierno un monto aproximado de 1,075 lempiras divididos, en 575 lempiras por concepto de subsidios al precio del transporte y una bonificación de 500 lempiras.

Según los dirigentes del transporte, desde 2005 no se realiza una revisión a las tarifas, por lo que aún mantienen el servicio de tres lempiras que, de acuerdo a consultorías ejecutadas por ellos, en precio real ascendería a 8.50 lempiras de pasaje. Situación por la que exigen el cumplimiento de los pagos atrasados y la eliminación de la competencia desleal.

Mientras se hace efectivo el pago, los ciudadanos seguirán realizando esta protesta silenciosa en las unidades del transporte urbano.

Las acciones

Por su parte, Blas Ramos, titular de la DGT, afirmó que desde su dependencia se realizan los esfuerzos necesarios para brindar una solución integral al problema del transporte en la ciudad.

El funcionario apuntó que ante las reiteradas violaciones a la ley de transporte que realizan estas unidades de servicio ilegal, junto a la Dirección Nacional de Transito (DNT) y la Fiscalía del Consumidor, han llegado a la determinación de elevar las multas económicas a sanciones a nivel legal.

"Ahora vamos a involucrar al Ministerio Público por la reincidencia de los operadores ilegales, porque existen algunos que han sido sancionados hasta diez veces, pagan la multa de 1,000 lempiras que estipula la ley y salen de nuevo a operar", manifestó.

Ramos aseguró que en lo que va de su gestión las multas por concepto de transportar pasajeros sin el debido permiso de operación se han elevado en un 500 por ciento y ya ascienden a 80,000 lempiras mensuales, lo que demuestra que sí se han mantenido los operativos.

"Entiendo a los operadores legales del servicio urbano, desearía que nosotros retiremos todas las unidades ilegales en 24 horas, pero hay un segmento de la población que requiere estos servicios, para lo que ya estamos haciendo una estadística".

Hasta el momento, este censo avanza a paso lento, ya que de las 800 unidades ilegales, solo se han introducido a la DGT 260 formularios.

"Este censo nos permite contabilizarlos para el momento en que sí se les autorice circular en rutas, en sectores donde no hay servicio de transporte, sabiendo de quiénes son, cuántos son y qué rutas podrían ser otorgadas", afirmó. No se niega que los transportistas tienen razón en sus exigencias, sin embargo, cada vez que han llegado a acuerdos con el gobierno, que les ha aprobado subisidios y toda clase de bonos, ellos no han cumplido con su parte de mejorar el trato a los usuarios, que son la parte más importante de este problema.

Aunque cambiaron buena parte de su flota, por la ciudad aún circulan decenas de unidades chatarra que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios; prueba de esto es lo que ocurrió ayer en la salida al anillo periférico, a la altura de Villas del Sol, donde un bus de la ruta Villa Vieja-Mercado se quedó si llantas.

"Puedo comprometer mi palabra cuando quieran"

La campaña masiva que realizan los operadores del transporte ejecutivo en la capital, en contra de la introducción del transporte articulado para la capital Trans 450, ha develado la falta de socialización del proyecto.

Al conocer sobre los reclamos de los empresarios del transporte, quienes por medio de carteles en sus unidades manifiestan su descontento ante la falta de inclusión en el programa, el alcalde capitalino Ricardo Álvarez reiteró que ellos serán socios.

"Todos tienen derecho a expresarse, los transportistas van a ser parte del proyecto, es una decisión por la que puedo comprometer cuando ellos quieran", aseveró el edil.

La ruta de la primera etapa del transmetro cubre unos 9 kilómetros desde el estadio Nacional hasta la colonia Kennedy, donde los empresarios del transporte mantienen decenas de unidades, por lo que aseguran que verán disminuidas sus ganancias y este es el principal motivo de su descontento ante la iniciativa.

En los primeros meses de 2013, la primera unidad de este servicio podría entrar en operación.

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