Honduras
Como si se tratara de un punto ilegal, o que las unidades que circulan no contaran con el respectivo permiso de operación, los conductores que cubren la ruta de taxis Plaza Miraflores- Hato de Enmedio se han visto en la necesidad de operar casi de manera clandestina.
La delincuencia que les exige el pago del temido impuesto de guerra obligó a los taxistas a suspender operaciones por más de una semana.
Lo que ocurre en este punto de taxis se repite en otras zonas de la ciudad como la residencial Honduras, la 21 de Octubre y las rutas que cubren el centro de la ciudad, donde los transportistas amenazan con cerrar las rutas.
Los dirigentes de estos puntos, cansados ya incluso de llamadas anónimas donde se les exige pagar en el término de 48 o 72 horas cierta cantidad de dinero, analizan la posibilidad de no seguir ofreciendo el servicio a los usuarios.
De no encontrarse solución, estos puntos podrían dejar de operar definitivamente.
Medidas extremas
Por el momento y como medida de protección, los transportistas han optado por retirar de las unidades la información de la ruta que llevan.
Los usuarios, que por temor a represalias se negaron a dar sus nombres, manifestaron que por más de una semana los taxis dejaron de circular.
Los taxistas expresaron que tuvieron que dejar de circular porque la situación comenzaba a tornarse difícil y las amenazas y extorsiones estaban llegando al límite.
"Se reciben amenazas, los grupos de antisociales no paran de exigir el impuesto de guerra y hemos vuelto a retomar el trabajo con temor, tenemos familia y por eso nos vemos en la necesidad de trabajar", apuntó el conductor.
La paralización hizo que los usuarios buscaran otras alternativas, muchos recurrían al servicio directo o se exponían a utilizar el servicio de bus de transporte urbano.
En las rutas de Cerro Grande- Centro, La Esperanza, 21 de Octubre, Residencial Honduras, Villa Olímpica, entre otras, hay reportes de que también amenazan con desaparecer.
Alternativas
Mario Chamorro, jefe de la Policía Metropolitana 1, reconoció que las extorsiones se están dando a nivel de los puntos de taxis, pero que se ha puesto a disposición de los ciudadanos una unidad especial donde se atienden estos casos.
"Se trata de una dependencia que pertenece a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación donde las personas pueden abocarse o llamar al teléfono 2225-5414", apuntó el sub comisionado.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio denunció que miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) estarían implicados en la extorsión a taxistas.
Por tal razón urgió a las autoridades encargadas de la seguridad a intervenir y depurar a esta rama de la Policía Nacional. Asimismo hizo un llamado a los operadores de los diferentes puntos de taxis a que acudan a las oficinas del Comisionado a poner las denuncias.
"Tengo la obligación de hacer pública una denuncia y un llamado a la acción inmediata, porque taxistas de diferentes puntos de la capital eastán siendo extorsionados con una cantidad fija que deben pagar en cuestión de 48 y 72 horas y se sospecha de algún cuerpo de la Policía que podría estar involucrado", señaló.
A la denuncia de Custodio, el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla señaló que la denuncia era seria, por lo que anunció la creación de una comisión al más alto nivel y con la capacidad suficiente para que investigue a lo interno de la Policía Nacional las denuncias que se están haciendo sobre supuestas irregularidades cometidas.