El fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, expuso que no se le puede juzgar por acciones cometidas antes de la entrada en vigencia del decreto No. 49-2008, por lo tanto, las denuncias interpuestas en su contra no tendrían ningún efecto jurídico. “Es difícil despedir a alguien que está cumpliendo con la ley, lo que habría es un procedimiento a futuro, la ley no se aplica retroactivamente, salvo en materia penal cuando la nueva ley favorezca al indiciado, consecuentemente no se pueden emitir leyes hacia atrás”, expresó el fiscal general.

En este momento no existe procedimiento para cesar en sus funciones al fiscal general y al adjunto. “Hacerlo sería inconstitucional porque viola la independencia de los jueces”, expuso. Además, consideró que de imputarle delitos por acciones administrativas que cometa a partir de la vigencia del decreto 49-2008 sería la Corte Suprema quienes lo conocerían, no el Congreso Nacional.

En ese sentido, no le podrían imputar acciones cometidas antes de la vigencia del decreto publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado jueves 08 de mayo, eso en base al respeto de la no retroactividad de la ley. “Estamos claros en que se nos investigue en la forma que la ley lo permite, no podemos permitir una investigación ilegal y una terminación de nuestras funciones de manera inconstitucional”, enfatizó.

“Yo soy un hombre de derecho, en esto creo que la gente ha confundido la calidad del fiscal, es un juez, no somos un funcionario administrativo cualquiera, somos parte de la jurisdicción y hay convenios internacionales suscritos por Honduras que garantizan la independencia de los jueces”, enfatizó. Ante la amenaza de la independencia en el accionar del MP, el fiscal general y el adjunto, como los fiscales de carrera, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir que aplique medidas cautelares que garanticen la independencia de estos operadores de justicia.

“Lo que tratamos es de mantener el estado de derecho y las leyes del país. El pueblo debe estar seguro que como depositarios de esta función fiscal hemos trabajado honestamente”, aseguró. “Ya se ha concedido la auditoría y la gestión de una comisión técnica, eso es lo que cabe, no se puede violar la Constitución y la ley que se emitió”, expresó Rosa Bautista.

ESTUDIO JURÍDICO

El fiscal general instruyó a un equipo de fiscales a estudiar el contenido del decreto que reforma el artículo 25 de la ley del MP, con el fin de determinar si violenta o no preceptos constitucionales. “Nuestra posición jurídica será expresada en las próximas horas, fijando nuestra posición”, manifestó el fiscal. Si la Fiscalía de la Constitución encuentra que el decreto se contrapone a lo establecido en la Constitución de la República, interpondrá el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. “La ley tiene algunas complicaciones y algunos vacíos. La sociedad quiere transparencia y honestidad, no quiere que complazcamos a cuatro (fiscales huelguistas) que andan en otras cosas políticas”, indicó.

TRAYECTORIA LIMPIA

Los huelguistas cuestionan a Rosa Bautista por acciones ejercidas como abogado litigante, las que son improcedentes. “El artículo 222 de la Constitución de la República fija que la responsabilidad de gestión económica de los funcionarios le corresponde exclusivamente al Tribunal Superior de Cuentas investigar, no al Congreso Nacional, no podemos violar la Constitución”, explicó. A ese efecto Rosa Bautista expuso que las declaraciones de sus bienes han sido presentadas al ente contralor.

“Tengo un finiquito, creo que soy un funcionario que solo he estado dos veces en la administración pública durante los últimos 20 años y he sido un abogado privado de muchas empresas, que me enorgullece, a pesar que parece que aquí ya va a ser pecado, para algunos, ejercer libremente la profesión”

NO RENUNCIAN

Si el presente decreto no tiene efectos retroactivos las autoridades del MP se sienten seguros en sus cargos, mucho menos piensan renunciar. “Eso ha quedado totalmente claro que es inmoral para nosotros renunciar, eso depende de nosotros mismos, a pesar de las intimidaciones de que se nos ha violentado el domicilio privado, de que se están ejerciendo actos de intimidación contra la prensa también los fiscales están estudiando ya las acciones penales correspondientes”

En vehículos de la Secretaría de Defensa se trasladó en la noche del pasado sábado a una turba de manifestantes a asediar la casa del fiscal general. “Somos intimidados, nos mandan huelguistas a mi casa, me amenazan por teléfono, amenazan a Omar Cerna, amenazan a los medios, este mecanismo no es el de un estado de derecho”, lamentó. El exceso en las demandas de sectores que protagonizan la crisis, “solo tienen y lo haremos en su momento, una responsabilidad que depende del Poder Ejecutivo, que es cuidar la seguridad de los funcionarios y fiscales’.

Incluso reveló que el derecho internacional puede dejar sin efecto las acciones legislativas cuando estas se emiten bajo presión. “Al igual que ocurre con los contratos privados nadie está obligado a cumplir un contrato bajo intimidación, con la pistola en la cabeza”, expresó. Expuso que no se debe permitir la intromisión política en el MP, ya que diputados de la UD son los que introdujeron en la agenda destituir a las autoridades de esta institución.

Si las protestas populares y mediáticas se hacen en el marco de la Constitución hace tiempo se hubieran tomado otras decisiones. Pero está amenazada la paz, la libertad de prensa, la movilización, se acusa irresponsablemente a todo mundo, debemos retomar la paz y la calma”, recomendó.

AUDITORÍAS

Independientemente de lo resuelto por el CN y el Ejecutivo, la Fiscalía General ya instruyó practicar una auditoría de expedientes ligados a casos de corrupción y otros flagelos. “El esquema de la auditoría de todos los expedientes se ha concedido, la revisión de los expedientes está en manos de las comisiones técnicas jurídicas que dentro de la ley lo hagan, están satisfechas todas las demandas de los protestantes. No escondo expedientes ni investigaciones”, dijo.

“También somos responsables de expedientes en curso, de impacto social, que no han sido mencionados que estamos enlistando también para garantizar su seguridad, porque si se comete la ilegalidad de separar abruptamente de sus cargo a los titulares tendré que proteger esos expedientes por razones obvias”, indicó. Entre ellos se encuentra la investigación de hechos de corrupción en Hondutel.