Las Fuerzas Armadas han blindado la capital.
Los elementos del Ejército se tomaron ayer las calles de la ciudad ante el clima de agitación que ha desatado el gobernante Manuel Zelaya, al promover una encuesta de opinión en contra de la ley.
Los miembros de la Fuerzas Armadas dejaron los cuarteles y salieron a las calles para garantizar el orden, la paz y la tranquilidad que demanda la población hondureña en medio de la polarización que han generado las intenciones de Zelaya, quien busca instalar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar el sistema de gobierno y continuar en el poder.
Despliegue
Las oficinas del Ministerio Público (MP) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también permanecen fuertemente custodiadas por elementos del Ejército.
En el sector sur de la capital, a la altura del kilómetro 12 de la carretera que conduce a Choluteca y Valle, decenas de militares permanecen alerta a bordo de varios buses y vehículos comando.
Las instalaciones del Estado Mayor Conjunto también se han convertido en los últimos días en una concurrida base militar.
En calles y bulevares, vehículos militares realizaban ayer recorridos a diversas horas del día.
“Nosotros representamos a los 12 mil soldados que están activos, a los cuatro mil auxiliares, cinco mil oficiales que están en condición de retiro y más de cien mil reservistas...”, declaró Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Se maneja que turbas procedentes de Nicaragua se estarían movilizando hacia el país para protestar a favor de la consulta que se piensa realizar mañana.
Hasta ayer, el gobierno no había salido al paso a desmentir este rumor. Se supo que la presencia militar se hizo sentir en otras ciudades en el interior del país.
Desde Bogotá, la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) advirtió que Hugo Chávez podría provocar una masacre en el país para alterar el orden.
En el comunicado advierte sobre la intervención indebida de Hugo Chávez en los asuntos internos de Honduras.
Según UnoAmérica, el apoyo financiero que el gobierno venezolano proporciona al presidente Manuel Zelaya viene condicionado por una serie de obligaciones, entre ellas: incorporarse a la Alba, alinearse con el eje La Habana-Caracas, enfrentarse a Estados Unidos, establecer relaciones con Ahmadinejad, modificar la Constitución, tomar el control de los poderes públicos, cometer fraude electoral para eternizarse en el poder, limitar la libertad de prensa y de expresión, y perseguir a la Iglesia Católica y a la oposición política.