La Fiscalía contra el Crimen Organizado procederá en contra de las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) por desobedecer la orden judicial de suspender a Guillermo Seamman del cargo como director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
El primero en la lista de los que se exponen a ser procesados es el ministro de Soptravi, Rosario Bonano, pues fue a él al que se le libró la comunicación de que a Seamman debía suspendérsele del cargo por el caso del “aerofraude”.
“Como existe la comunicación que se libró para que se suspendiera del cargo, si no cumplen con esa medida estarían incurriendo en el delito de desobediencia”, expresó el subdirector de Fiscalías, Juan Rafael Soto.
“Él (Bonano) debía suspenderlo de sus funciones; estaremos viendo por qué el señor secretario de Soptravi (Bonano) no ha procedido a hacer la suspensión correspondiente o por qué Seamman se encontraba en las oficinas (de la DGAC) en el momento en que la Fiscalía hizo la inspección correspondiente”, indicó.
Prohibición
La jueza Alina Aguilera, del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, ordenó que Seamman fuera separado de su puesto, como parte de las seis medidas que se le dictaron en la audiencia inicial del juicio que se le imputó por extender irregularmente convalidaciones de licencias de aviación a varios extranjeros.
En la misma audiencia se le dictó auto de prisión y se le prohibió que visitara la DGAC para que no contaminara la información.
Seamman desobedeció. Durante la última semana de septiembre se presentó varios días a Aeronáutica y retomó las riendas de la entidad.
Al percatarse de esto, la Fiscalía fue a la institución y comprobó que el acusado llegó e incluso habría firmado algunos documentos.
Seamman se presentó junto al viceministro de Transporte, Bayardo Pagoada, por lo que este funcionario también sería acusado por desobediencia.
“Los funcionarios están obligados a cumplir con las disposiciones que emanan los tribunales de justicia. Está claro que deben cumplir la orden de suspensión del cargo de Seamman, en caso contrario estarían incurriendo en responsabilidad”, señaló Soto.
Prácticamente descartó que se amplíe la acusación contra Seamman, porque quien incumple es el funcionario que no lo suspende del cargo, en este caso Bonano.
La defensa del imputado apeló el auto de prisión y que Seamman deje la DGAC, lo cual aún no es conocido por la Corte de Apelaciones.
Según una fuente de Aeronáutica, cuando Seamman se presentó a esta institución giró instrucciones para que no se le permitiera el acceso al personal de EL HERALDO, molesto porque este medio informativo ha revelado las anomalías que ha cometido el funcionario.
Seamman iría a prisión
Ante esta situación, la Fiscalía sustenta el caso para recabar las pruebas y pedir a la jueza Aguilera la celebración de una audiencia para revocar las medidas sustitutivas y que Seamman se defienda privado de libertad, como lo afirmaron las autoridades del Ministerio Público.
Es decir, que se decrete en su contra la prisión preventiva y que sea remitido a las celdas de la Dirección General de Investigación Criminal o a la Penitenciaría Nacional.
Seamman está acusado por esta Fiscalía por suponerlo responsable de 39 delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, al convalidar igual número de licencias aeronáuticas a venezolanos y peruanos.
El delito se produjo porque los extranjeros no vinieron al país a realizar los trámites para que se les dieran las convalidaciones.
Los peruanos y venezolanos recibieron las convalidaciones para trabajar en un Boeing 373 que opera en Venezuela y que es propiedad de la compañía hondureña Atlantic Airlines.
Este caso fue denunciado en exclusiva por la Unidad de Investigación de El HERALDO.