Los 5.4 millones de lempiras que la Presidencia de la República destinó para la movilización de simpatizantes al acto de adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) es un asunto que interesa a los entes contralores y fiscalizadores.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) tomaron nota de la denuncia de la Unidad Investigativa de EL HERALDO, que refleja cómo el gobierno hace uso de millonarios fondos públicos para financiar el montaje del acto de lanzamiento del proyecto chavista.
EL HERALDO tuvo acceso a un resumen de gastos que hizo el ministerio de la Presidencia, dirigido por Enrique Flores Lanza, en el que se revela que los 5.4 millones de lempiras se repartieron entre 38 personas particulares, dirigentes gremiales, sindicales, populares y dueños de empresas de transporte.
Se supone que los fondos se entregaron a los que participaron en la manifestación de adhesión a la Alba, efectuado el pasado 25 de agosto en la Plaza La Libertad, ubicado frente a la Casa Presidencial. Según constató EL HERALDO, los dirigentes populares y del transporte no dan cuenta del dinero o negaron haberlo recibido.
Esta dudosa situación, presuntamente ligada a corrupción dio base a que el TSC y el MP iniciaran una investigación para confirmar quién autorizó la erogación de los 5.4 millones de lempiras y quién se quedó con esta cantidad.
Precisamente el ente contralor cuenta con denuncias presentadas previamente por escrito por funcionarios del gobierno y diputados liberales, para que el pago de la movilización de personas fuera investigado al considerar que era un abuso.
“El Tribunal tiene una serie de denuncias sobre una serie de actos en los cuales se ve involucrado el Presidente de la República, desde el cierre de Toncontín, hasta el proyecto del Alba, en el sentido de que se le pagó a la gente para que asistiera al evento, nosotros ya tenemos la denuncia y las estamos investigando”, afirmó el director ejecutivo del TSC, Moisés López Alvarenga.
“Cualquier gasto que sea que no tenga ninguna justificación y que no sea para actividades propias del Estado nos parece que es dinero mal invertido, mucho más en el caso este de movilizar gente para una actividad que no tiene la gran trascendencia como para que el país, estando en situación de miseria, esté gastando esos fondos”, lamentó.
Como parte de las diligencias investigativas, el TSC solicitó al ministerio de la Presidencia y al presidente de la República Manuel Zelaya Rosales un detalle documental sobre los gastos y las justificaciones.
“Esa información consiste en que nos proporcionen los datos de los gastos en que incurrieron, es decir las facturas, los recibos o los comprobantes y cualquier otra información que le permita a ellos esclarecer la denuncia porque es a ellos a quienes compete desvanecer la misma y quedar exentos de responsabilidad”, indicó el director.
“Hay que establecer quién hizo el desembolso y quiénes son los que firman, cuál era el propósito, después ahí se deducirá la responsabilidad, aunque la orden haya venido del propio presidente de la República”, dijo.
La nota que envió el TSC está en manos de Zelaya Rosales, a la espera que dé una respuesta que beneficie la transparencia en el país. “Como ente contralor haremos las averiguaciones del caso, si los gastos no son justificados y razón de ser los funcionarios, quien quiera que sea, serán reparados”, concluyó López.
Ilícitos penales
Por su parte, las autoridades del MP instruyeron iniciar una investigación con el fin de determinar si existen responsabilidades penales en la erogación de los 5.4 millones de lempiras por parte de la Presidencia.
“Con la denuncia que sale publicada en el diario (EL HERALDO), estimo que la Fiscalía Especial Contra la Corrupción va a tomar cartas en el asunto e iniciar las investigaciones pertinentes”, expresó el fiscal Adjunto, Omar Cerna. En vista que algunos dirigentes populares no dan cuenta del dinero o aseguran no haberlo recibido, la Fiscalía los citará junto a funcionarios de Presidencial.
“Es importante tener la información de ambas partes, se confirmará donde está el dinero, la Fiscalía Especial trabajará en ello y se harán todas las diligencias, lo que incluye llamar a cualquier persona y funcionario público que haya tenido que ver en el asunto”, dijo.
Los delitos a investigar son, entre otros, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documentos.