Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ofrecieron esta tarde una conferencia de prensa en la que ratificaron el fallo contra las reformas a los artículos 239 y 240 de la Carta Magna.
La sentencia de la sala Constitucional tiene efecto inmediato a futuro, y no el desarrollo de las elecciones primarias del próximo 30 de noviembre. Sin embargo serán entes como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Congreso Nacional quienes deberán definir la inclusión de la figura de los designados presidenciales en las próximas elecciones generales.
La sentencia implica que los artículos 239 y 240 deben volver a su estado original, tal como fueron redactados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1982.
El martes, la fiscal especial de Defensa de la Constitución, Georgina Sierra confirmó que los artículos son irreformables.
En la rueda de prensa ofrecida por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, ésta se pronunció por unanimidad a favor del recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 8 de octubre.
Fue el magistrado Carlos Gómez Moreno quien habló ante los medios para leer la resolución que inhabilita al vicepresidente Santos en sus aspiraciones presidenciales.
El 20 de enero de 1982, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución de la República y estableció en el artículo 374 que varios artículos son irreformables o pétreos, entre ellos el 239 y 240, por lo tanto, el Congreso Nacional no tiene competencia para modificarlos.
Posteriormente, en el año 1998, el CN comenzó a reformar el artículo 239, en 2002 emitió tres decretos más reformando los artículos 239 y 240.
Reacciones
El vicepresidente Elvin Santos se encuentra realizando una celebración en la capital, pues a su criterio la ley lo favorece y su precandidatura a la Presidencia no está inhabilitada.
De igual manera aseveró que las reformas afectarían a otros precandidatos y que en los próximos días continuarán con los recursos legales que le permitan participar en el proceso electoral, incluso una demanda a nivel internacional.
A su llegada al país procedente de México, el presidente Manuel Zelaya fue cuestionado al respecto y firmemente anunció que no se pronunciará hasta tener en sus manos el dictamen y poder analizarlo.
Aseguró que una vez que tenga la sentencia, el grupo de juristas del Estado la estudiará y comunicará los alcances específicos de la sentencia.