Sustentadas en cuatro causales jurídicas, 30 empresas más presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) igual cantidad de recursos de amparo con suspensión del acto reclamado en contra del acuerdo ejecutivo que elevó el salario mínimo a 5,500 lempiras.
El pasado lunes 12 de enero del presente año, representantes legales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) interpusieron ante la secretaría general de la CSJ los primeros 10 recursos de amparo y ayer se incoaron 30 impugnaciones adicionales, que ya suman 40.
Los magistrados de la sala de lo Constitucional de la CSJ disponen de tres días hábiles para determinar si aceptan estos recursos y si lo hacen o no con suspensión del acto reclamado.
Los asesores legales del Cohep expresaron en los predios de la CSJ que en esta oportunidad representaron a varios comerciantes individuales y la mayoría de las empresas que impugnaron están radicadas en la zona sur del país.
Tanto las autoridades como los asesores legales del Cohep se resistieron a brindar el nombre de las personas naturales o jurídicas que impugnaban el alza al sueldo básico de subsistencia.
Las violaciones
Los 30 recursos presentados en esta oportunidad esgrimen las mismas cuatro razones constitucionales y jurídicas que los 10 anteriores: “Que el presidente Manuel Zelaya, al aprobar el acuerdo ejecutivo número STSS 374 -STSS -08 del 23 de diciembre, violentó garantías y derechos constitucionales.
Según los textos del amparo se violentó el derecho constitucional de igualdad ante la ley y del derecho al trabajo.
Se violenta también la armonía entre el capital y el trabajo, así como se ordena a las empresas cumplir con la nueva obligación salarial antes de la fecha establecida”.
Las empresas sostienen que estos recursos deben ser admitidos por la CSJ con suspensión del acto reclamado para evitar de manera inmediata la pérdida de productividad y de utilidades que generen el cierre de centenares de empresas en todo el país y que se produzca un daño irreparable.
También aspiran a que, al impugnarse el incremento al salario mínimo, volverá a establecerse un clima de armonía entre el capital y el trabajo.
El director del Cohep, Benjamín Bográn, estimó que la ola de despidos en el ámbito nacional asciende ya a 12,000.
El presidente regional de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), Carlos Uclés, indicó que la situación es desesperada entre unos 5,000 empleados que laboraban en talleres y comercios.
Medidas no están claras
El presidente del Cohep, Amílcar Bulnes, expresó ayer por la noche que se comenzó a analizar la propuesta presidencial de brindar al sector privado una compensación fiscal y mediante la aprobación de líneas de crédito, para mermar el impacto generado por el alza al salario mínimo.
Sin embargo, según se conoció, aún no hay ninguna propuesta formal que haya sido hecha por el mandatario a los empresarios.
“Hemos comenzado el análisis de esa propuesta.
No sabemos en qué consiste porque la formuló de manera unilateral el presidente Zelaya”, explicó el dirigente. Trascendió que el mandatario volverá a reunirse con la cúpula empresarial el próximo lunes 19 de enero en Casa de Gobierno.
En este encuentro se les daría la propuesta.
Para el director del Cohep, Benjamín Bográn, esta promesa no frenará la interposición de hasta 200 recursos de amparo en el transcurso de la presente semana.
Planteamiento industrial
En la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), el representante de los panificadores, Jimmy Dacarett, presentó una serie de medidas compensatorias para diferir el impacto económico del nuevo salario mínimo entre dos y cuatro años.
La propuesta se sustenta en mantener inalterable el precio del diésel por un año y en no elevar la cotización al IHSS. También se sugiere una reducción a las tarifas de los servicios públicos y una merma al Impuesto sobre la Renta (ISR).
El presidente regional de ANMPIH, Carlos Uclés, sostuvo que un 80 por ciento de los propietarios de las Pymes del país no cancelará mañana el nuevo salario mínimo de 5,500 lempiras en la zona urbana y de 4,055 en el área rural.
“Hablamos con nuestros empleados y les hemos explicado que es imposible hacer efectivo este ajuste.
Para algunas empresas representa un incremento superior a los 2,500 lempiras por trabajador”, calculó.
El salario mínimo promedio ascendía a 3,428.40 lempiras hasta diciembre de 2008.
“Solicitamos al gobierno y a la Secretaría del Trabajo que se efectúe una moratoria de seis meses para que las Pymes puedan pagar este salario, pero no tenemos una respuesta contundente”, dijo.
Uclés expresó que se mantienen los despidos de trabajadores y el cierre de las empresas.
“Lamentamos que esas sean las únicas dos opciones que tenemos”, indicó.
Mientras el viceministro del Trabajo, Roberto Cardona Valle, indicó que el presupuesto de su secretaría se nutrirá con 20 millones de lempiras para fortalecer la inspección de las empresas.
Anunció que los inspectores del Trabajo comenzarán en los próximos días las visitas a las empresas para constatar que pagan el aumento establecido en la ley.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, recomendó a las empresas diferir el pago de este aumento salarial hasta el 30 de enero del presente año.
“Queremos saber qué efecto tendrán los centenares de recursos de amparo que presentarán las empresas ante la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
En la reunión de la Andi se discutió el rumor de que el gobierno analiza aprobar un décimo quinto mes de salario que será vigente en Semana Santa.
Cohep será blanco de protestas
El personal administrativo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) fue advertido respecto a que puede volverse agresiva la marcha que será efectuada mañana a las 4:00 de la tarde por el Bloque Popular.
Trascendió que existe malestar en contra del sector privado debido a que los recursos de amparo interpuestos ante la CSJ atentan contra del ingreso económico de los obreros más pobres del país.
Además existe indignación por centenares de despidos efectuados por las empresas.
Dilatarán medidas compensatorias para la pequeña industria
Ante el impacto económico de hasta un 236 por ciento sufrido por el alza al salario mínimo, la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) requiere de una compensación social, que podría dilatarse en llegar debido a problemas legales del organismo.
En la estructura legal para determinar el salario mínimo se consideraba 10 categorías diferentes, con sus respectivas subcategorías. Además se establecía una diferenciación salarial entre 1 y 16 trabajadores y de 16 en adelante.
Sin embargo, el presidente Zelaya estableció solamente dos.
La primera se aplica a partir de este mes a los trabajadores de la zona urbana, que reciben un salario mínimo de 5, 500 lempiras, y la segunda es para los empleados del área rural, que ganan 4,055.
El presidente regional de ANMPIH, Carlos Uclés, manifestó que para enfrentar esta situación requieren que los recursos prometidos vía compensación social lleguen a las empresas.
El dirigente informó que esta semana se reunieron en Casa de Gobierno con la funcionaria Arcadia Gómez, quien escuchó la preocupación del sector Mypime.
“Ella nos manifestó que existe el interés del gobierno por a ayudar estas pequeñas empresas y que el resultado de esta conversación sería elevado al presidente Zelaya y a otros funcionarios”, indicó el dirigente.
Sin embargo, la ANMPIH carece desde 2002 de una junta directiva nacional que esté legalmente inscrita y reconocida por la Secretaría de Gobernación.
El secretario general de esta dependencia, Mario Chinchilla, recomendó a los miembros de ANMPIH convocar a una asamblea general para elegir a sus autoridades.
Uclés informó que ellos no van tras los 1,000 millones de lempiras prometidos por el gobierno para las Pymes, pero que están de acuerdo con que se efectúen las elecciones internas en febrero próximo para que exista la legítima representación del sector.
Este día se efectuaría una reunión entre la ANMPIH y funcionarios en Casa Presidencial.
CSJ resolverá sobre amparos esta semana
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolverá esta semana el primer paso: declarar admisibles o inadmisibles los recursos de amparo interpuestos por las empresas.
Se contempla un plazo de tres días para resolver, en el caso que se admita con suspensión del acto reclamado, si el incremento al salario mínimo ordenado por el Poder Ejecutivo se suspende para las empresas que interpusieron la acción de amparo, hasta que se emita una sentencia definitiva.
Para emitir la sentencia de otorgar o no el amparo, la Sala Constitucional pedirá los antecedentes a la Secretaría de Trabajo, luego pedirá una opinión a la Fiscalía de la Constitución.
Al término de unos 20 días hábiles, la Sala Constitucional deberá dictar una sentencia de los recursos interpuestos; en tal efecto, el fallo lo emitirían los nuevos magistrados que juramente el Congreso Nacional.
La sentencia que emita la Sala tendrá vigencia si existe unanimidad entre los cinco magistrados que la integran, en caso contrario, los expedientes pasarán al nuevo pleno de la CSJ.
Si las demandas de amparo se declaran inadmisibles, se le dará traslado a la parte recurrente para que en el término de tres días hábiles pueda subsanar las causales que impidieron su admisión.