Mentiras piadosas

En medio del marasmo en el que el país se encuentra, debemos destacar la noticia de que los empresarios aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se han comprometido a “congelar” los precios de la canasta básica, con el fin de restaurar la confianza y la paz de la ciudadanía.

En muchas de mis columnas en este diario, así como en las clases que preparo día a día para mis estudiantes, intento dejar claro el mensaje de que cuando las autoridades pretenden mantener la paz social a través de la fijación de precios en los bienes y servicios, el aumento irreflexivo a los salarios, el alza o baja artificial en las tasas de interés y el tipo de cambio, no le hacen un bien a las personas a quienes quieren contentar, lo que producen son incentivos que conducen a limitar la libertad de los individuos y las empresas, a un aumento en el poder discrecional del gobierno, a la corrupción y generación de riquezas ilegítimas y; por tanto, al desprestigio del sector privado y del sistema económico, al revanchismo y la violencia.

Comprendo perfectamente que los dirigentes del gremio empresarial actúan guiados por la mejor de las intenciones. Sin embargo, debo decir que al hacer este tipo de anuncios corren el riesgo de caer en el descrédito y la decepción ciudadana, lo cual podría revertir los objetivos que persiguen.

La ciencia económica establece que en la práctica, el precio de un producto no depende solamente de la voluntad de los empresarios o el gobierno, sino de las cantidades que la sociedad (consumidores y productores), acepten como “socialmente necesaria”.

Para el caso, si los productores de maíz se ponen de acuerdo en colocar un precio más bajo para sus productos (o si el gobierno los obliga), seguramente habrá un exceso de personas que quieran comprar maíz, lo cual a la larga producirá escasez y por tanto se verán forzados a aumentar el precio.

Una mejor salida sería aprovechar la coyuntura para que todos y todas -empresarios, sindicatos, gobierno y estudiantes- se pusieran de acuerdo en tres o cuatro cosas: no deben existir grupos privilegiados, todos y todas pagan impuestos, nadie debe exigir aumentos salariales que afecten a los más necesitados y un gobierno responsable y no politiquero.

Solo así fortaleceremos nuestras instituciones y crearemos un ambiente proclive al desarrollo de todos y todas.

Una reflexión cuidadosa de lo sucedido en nuestro país, nos llevaría a comprender que es el comportamiento irracional de nuestros gobernantes el que nos ha conducido a la crisis que desgraciadamente hemos tenido que afrontar y sobre todo, es la mayor causa de nuestra pobreza y marginación.

Bien dijo Karl Marx, tan aclamado por muchos y tan poco estudiado y comprendido por la mayoría, que toda crisis social y política se origina fundamentalmente en la injusticia económica.

Desde 1982, hemos asistido puntualmente cada cuatro años al retorno de nuestras esperanzas. Lamentablemente estas resultan siempre fallidas ¿por qué? Es simple: ningún gobierno ha tenido el valor necesario para decir la verdad, ejercer con honestidad su liderazgo y plantear cambios que impliquen la eliminación de grupos privilegiados, el respeto a la propiedad y las instituciones sociales, la equidad tributaria y la correcta distribución del gasto público entre quienes realmente lo necesitan.

Las mentiras piadosas siempre son mentiras y no conducen a nada.

Cuando nuestros políticos maduren y se guíen por una auténtica vocación estadista, veremos los cambios y la restauración de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en sus instituciones, tal ha sido el caso de países como España, Irlanda y Chile, quienes luego de amargas experiencias, comprendieron el valor de la democracia y la economía social de mercado, es decir, de la honestidad y la racionalidad.

Todavía es tiempo, pero se está agotando.