Desafío: crecimiento con trabajo

La crisis del dinero de 2008 se convirtió -a gran velocidad y en una amplitud geográfica sin precedentes- en la crisis de la gente: por la destrucción de puestos de trabajo y por el desmejoramiento de las condiciones laborales de muchos.

En América Central, Panamá y República Dominicana signos elocuentes de dicha crisis son, en 2009, el aumento de las tasas de desempleo y el mayor número de hombres y mujeres trabajando en la informalidad. Estos últimos no optaron por la violencia, demostrando un espíritu emprendedor y su opción por la laboriosidad.

Diez por ciento de la fuerza laboral estadounidense y casi 19% de la española están desempleados; sin embargo, esos millones de personas no han perdido totalmente sus ingresos, pues cuentan con seguros de desempleo. Entre nosotros quien pierde el trabajo pierde los ingresos.

La recuperación sin empleo, de la que se comienza a hablar, es una ironía para conciudadanos sin trabajo o con empleos precarios.

Hoy está claro que la recuperación de las economías solo puede ser sustentable si genera más y mejores trabajos. El Director General de la OIT viene insistiendo que la energía que han demostrado los gobiernos para salvar el sistema financiero debe ser la misma que anime la promoción de trabajo decente pues éste facilita el progreso de las mayorías, el combate efectivo contra la pobreza y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Enfrentar adecuadamente la crisis de la gente excluye la adopción de políticas recesivas y aquellas orientadas exclusivamente a desregular el mercado de trabajo. Basta revisar el discurso del presidente Obama sobre el Estado de la Unión Americana, por ejemplo. El desafío hoy es que los países –a través de políticas públicas y decisiones privadas- privilegien el estímulo a la inversión y a la productividad para que haya crecimiento y a la generación de empleos para que haya ingresos y así se restablezca el círculo virtuoso de una economía sana.

La libertad sindical, la negociación colectiva, la conciliación, la mediación, el diálogo social y la administración laboral son importantes, pues las crisis alimentan las posibilidades de conflictos.

En la respuesta desde el diálogo social, en Centroamérica y República Dominicana hay ejemplos como los resultados de la "Cumbre por la unidad nacional frente a la crisis mundial", alentada por el Gobierno del presidente Leonel Fernández; el reciente acuerdo tripartito que fija los incrementos salariales en las Zonas Francas de Nicaragua, por tres años, y la instalación a fines de enero de una mesa tripartita de diálogo permanente en el Municipio de Morales del Departamento de Izabal, centro agroexportador guatemalteco.

En estos ejemplos han jugado rol principal los ministerios de Trabajo. Ellos deben ser fortalecidos si se quiere promover crecimiento económico con empleo y que la recuperación beneficie a la gente de a pie.

La comunidad internacional -el G8, el G20 así como del Ecosoc, que incluye a todos los países del mundo- han apoyado el Pacto Global para el Empleo suscrito por los Estados miembros de la OIT, el pasado junio. Este pacto, que debe adaptarse a cada país, es una herramienta que busca armonizar el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo con el estímulo a las empresas y la generación de empleo; así como el avance hacia la protección social universal y el impulso al diálogo social, desde las relaciones de trabajo. Su objetivo último es la recuperación económica con trabajo decente para todos.

La envergadura de la crisis demanda una respuesta integral con políticas macro, meso y microeconómicas así como sociales y laborales que estimulen la inversión, la productividad, el consumo, la competitividad, la formación y capacitación, el crecimiento de las empresas, la igualdad de género, el desarrollo con equidad y la gobernabilidad democrática.

La superación de la crisis en Centroamérica y la República Dominicana, si se quiere que sea un avance respecto de los déficit estructurales que han tenido el crecimiento económico y el desarrollo social en estas tierras, requiere apostar por el diálogo social y el consecuente fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Fortalecimiento de la capacidad técnica para elaborar propuestas y de la capacidad para comprender las posiciones de las otras partes en aras del desarrollo nacional.

En sociedades donde se privilegie el diálogo es importante que los gobiernos estén abiertos a compartir parte de su poder normativo y decisorio con los actores sociales, así como velar para que los resultados del diálogo se traduzcan en políticas concretas que se apliquen. Esta apertura es un paso en el tránsito de la mera liturgia electoral a la poliarquía, que es la democracia en la que la agenda pública es la de la gente y no la de los grupos de interés y en la que las autoridades, de todo nivel, rinden cuentas.

Que la democracia en nuestras tierras se fortalezca supone que se asuma el desafío del crecimiento económico con trabajo decente para todos, como lo plantearon los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas en la Cumbre de Mar del Plata.