Devaluación

A partir de 1990, con la puesta en vigencia del Decreto Ley 18-90, Honduras ha experimentado un fenómeno económico hasta entonces desconocido en nuestro medio: la devaluación monetaria.

Su aplicación ha tenido efectos diversos para distintos sectores: algunos reducidos se han beneficiado: exportadores, financieros y las transnacionales; en tanto que otros, mayoritarios, han presenciado el deterioro en su poder adquisitivo y en su calidad de vida: asalariados, jubilados, ahorrantes con depósitos en lempiras.

Los precios tanto de los bienes importados como de los producidos localmente se han incrementado y la moneda de curso legal se ha debilitado en tanto que su poder adquisitivo es cada vez menor: la economía tiende a dolarizarse, y la concentración de la riqueza en pocas manos es una tendencia con implicaciones sociales.

Igualmente, fenómenos como la especulación y la inflación se derivan del proceso devaluatorio, castigando a quienes poseen ingresos fijos en lempiras.

La pequeña y la mediana industria nacional ya no pueden competir favorablemente en el libre mercado al percibir lempiras devaluados por la venta de sus manufacturas; simultáneamente deben hacer frente a las alzas en el salario mínimo devengado por sus operarios.

Esas son algunas de las realidades con que la población ha convivido desde hace dos décadas; hoy, en este 2010, nuevamente los economistas predicen una nueva devaluación. Para este diagnóstico se fundamentan en hechos concretos y desfavorables: el incremento vertiginoso de la deuda interna, que casi se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años; el presupuesto nacional presenta un déficit elevado, y apenas un 25 a un 27% del mismo está respaldado por préstamos y donaciones internacionales; el monto de las remesas enviadas por nuestros compatriotas residentes en el exterior se ha reducido; aún no se logra el pleno reconocimiento al nuevo régimen por parte de los países amigos y los organismos internacionales de crédito; está pendiente de firmarse con el FMI un acuerdo "stand by", indispensable para que el flujo monetario se reanude.

Todo ello implica que la actual administración está obligada a reducir el gasto corriente, a revisar los compromisos contraídos con quienes están beneficiados por estatutos profesionales y a manejar los fondos públicos con absoluta transparencia y eficiencia, recordando que vivimos tiempos de crisis que requieren de honestidad y austeridad.