Ministerio PĂşblico no debe tener monopolio penal

Como ciudadano de mi paĂ­s, me siento confundido con el ordenamiento jurĂ­dico nacional, tenemos un paĂ­s convulsionado con la violencia y la criminalidad, los operadores de justicia se niegan a aceptar que tienen gran parte de la responsabilidad del terror que vivimos a diario y que nos ubica entre los diez paĂ­ses mĂĄs violentos del mundo.

Cuando se publicĂł la Ley del Ministerio PĂşblico en fecha 6 de enero de 1994, segĂşn decreto 228-93, se estableciĂł que se emitĂ­a con el objeto de impartir justicia con independencia, imparcialidad y legalidad, de modo prĂĄctico y eficaz.

ÂżHan cumplido los fiscales

su verdadera misiĂłn?

Sinceramente creo que no, porque en estos momentos los fiscales y peritos forenses son una clase privilegiada en nuestro paĂ­s, gozan de inmunidad, no se les puede acusar, nadie regula su ejercicio profesional, todas las denuncias quedan engavetadas y no prospera ninguna acciĂłn penal contra ellos.

ÂżPor quĂŠ los fiscales tienen que decidir sin control alguno si procede o no la acciĂłn penal, contraviniendo el principio de la obligatoriedad de la acciĂłn penal pĂşblica?

En realidad el Ministerio PĂşblico retrocediĂł al no tener ya una polĂ­tica institucional Ăşnica sobre las acciones penales pĂşblicas; existe una incongruencia de su polĂ­tica, como se documenta en el recurso de inconstitucionalidad que he presentado, en vista de que en una ciudad acusan severamente por un delito mientras que en idĂŠnticas condiciones dejan de acusar ese delito en otras ciudades, no hay quien regule la polĂ­tica de la acciĂłn penal pĂşblica y queda a criterio de cada fiscal. Y me preguntĂł: Âża quiĂŠn rinden cuentas los seĂąores fiscales? ÂżQuiĂŠn evalĂşa lo actuado por los seĂąores fiscales?

El Ministerio PĂşblico ha abusado del procedimiento abreviado y suspensiĂłn condicional del proceso, convirtiĂŠndolo en un criterio de oportunidad para beneficiar al procesado en perjuicio de otros ciudadanos; violentando asĂ­, los principios de irrevocabilidad, indivisibilidad y obligaciĂłn de la acciĂłn penal.

Por quĂŠ los fiscales se han tomado atribuciones de los jueces, en estos momentos ellos deciden si se cierra o no una denuncia criminal, violentando el derecho al acceso a la justicia penal de los habitantes de la RepĂşblica; esto es una violaciĂłn a nuestra ConstituciĂłn porque solo los tribunales de justicia pueden determinar si se cometiĂł o no un delito.

Considero que los fiscales deben centrar su accionar y mostrar su verdadera valentĂ­a en los delitos de mayor impacto social como secuestros, violaciones, asesinatos, homicidios, trĂĄfico de drogas, lavados de activos, asociaciones ilĂ­citas, etc.; y no en casos donde tratan de beneficiar a sus amigos, a los amigos de sus amigos, excompaĂąeros...

Comparto con el ciudadano presidente de la RepĂşblica, Porfirio Lobo Sosa, cuando al inaugurar Patuca III exteriorizĂł que "Hay que poner orden"